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lunes, 14 de marzo de 2011

Avión presidencial francés perdido en la cuarta dimensión

MUNDO

Corrupción

Este artículo interesará sin duda a la opinión pública y a las autoridades mexicanas, en el sentido que les hará ver la corrupción existente en el gobierno francés al más alto nivel hoy en día, por otro lado, la inseguridad de sus gestiones puede explicar el porqué de su arrogancia y el comportamiento de las autoridades galas en el caso de la ciudadana Florence Cassez detenida en el país azteca y que ha creado un conflicto diplómatico entre México y Francia.

Diez años después de sus revelaciones sobre los atentados del 11 de septiembre, Thierry Meyssan es reconocido como periodista de investigación de primera línea y por la confiabilidad de sus fuentes. Por lo tanto, cuando dice que hubo graves irregularidades en la venta de un avión presidencial Airbus A319 valorado en 32 nillones de euros, no está de más proceder a algunas simples verificaciones. Y eso es lo que hemos hecho.

El resultado es una serie de extrañas anomalías que parecen confirmar las terribles hipótesis del fundador de la Red Voltaire, de cuya entrevista presentamos un fragmento (ver el video completo): «Se vendieron dos aviones (Nota de la Redacción: 2 Airbus A319, uno inmatriculado como F-RBFA, cn1484 y el otro como F-RBFB, cn1556) para comprar uno gigantesco y muy bien equipado. Yo quisiera saber quién vendió aquello y a qué precio se vendió. Quisiera saber por qué ese avión (NdlR: el F-RBFB, el otro, el F-RBFA, fue vendido a Senegal y la venta se negoció con Karim Wade, hijo del presidente, lo cual provocó un escandalo en aquel país financieramente exangüe) acabó, en definitiva, en manos del amigo de la señora Alliot-Marie (NdlR: Aziz Miled) en colaboración con el hermano político del presidente Ben Ali (NdlR: Belhassem Trabelsi). Creo que los contribuyentes estarían muy interesados en conocer la respuesta.» (NdlR: Thierry Meyssan muestra aquí una solución eficaz, la vía judicial y el derecho del contribuyente a oponerse al despilfarro del patrimonio nacional.)

1. El registro de la DGAC.

Primera verificación y primera anomalía: ninguno de los dos Airbus presidenciales aparece en el registro oficial de la aviación civil, ni siquiera en el acápite destinado a las matrículas anuladas. [1]

Las investigaciones sobre las matrículas pintadas en los propios aparatos (ver las fotos adjuntas) no arrojan ningún resultado. ¿Habrá que deducir entonces que el A319 inmatriculado como F-RBFA, aparato oficial de la presidencia de Francia desde el año 2002 y actualmente vendido a la presidencia de Senegal, nunca existió?

El A319 inmatriculado como F-RBFB, el mismo que Thierry Meyssan sospecha que fue cedido de forma irregular por la señora Alliot-Marie a las compañías pertenecientes al clan Trabelsi, parece que tampoco existió nunca. Para encontrar estos aparatos en el registro oficial francés hay que buscarlos por sus matriculas anteriores (F-GXFA y F-GXFB) correspondientes a la época en que aún pertenecían al constructor Airbus Industries. Y, ¡sorpresa!, aparecen entonces bajo la mención «vendido al extranjero» desde el año 2002.

¡Si alguien hubiese querido dar la impresión de que los dos aparatos nunca pertenecieron al Estado francés entre 2002 y 2010 no lo hubiera hecho mejor! Primera interrogante: ¿Quién dio órdenes en ese sentido al personal del registro de la Dirección General de la Aviación Civil?

2. Ausencia total de transparencia.

a) El A319 F-RBFA vendido a Senegal.

Si bien es muy probable que haya existido un acuerdo con Karim Wade [2], hijo del presidente senegalés Abdoulaye Wade, nada se ha dado a conocer sobre una transacción que acabó provocando un escándalo en Senegal, mientras que en Francia se mantuvo en silencio. El precio final habría sido de 20 900 millones de francos CFA [3], o sea 32 millones de euros. Nada ni nadie puede garantizar que ese precio sea el verdadero valor del aparato, una extraña ligereza de parte de un país que sólo puede aportar 350 000 euros al recientemente liberado Túnez.

«El primero acaba de ser vendido por 32 millones de euros al Estado senegalés, que debería utilizarlo a partir de 2011, precisó el Elíseo [Sede de la presidencia de la República Francesa. Nota del Traductor.]. El segundo fue objeto de un pedido de ofertas por el cual, según la misma fuente, “clientes privados y varios Estados han expresado su interés”». [4]

b) ¿Desapareció el A319 F-RBFB en la cuarta dimensión? ¿Lo volvieron a pintar de blanco?

Primeramente, el aparato aún encabeza la lista de aeronaves de la base de Villacoublay [Ver el sitio web de la Base 107.]. En ese sitio, un simple clic en cada uno de los aparatos que aparecen en la lista permite al internauta obtener más detalles sobre la aeronave que le interesa. Por desgracia, los vínculos no funcionan y sólo aparece un… ¿oportuno? mensaje de error.

Ni una palabra sobre la venta de los aparatos. El ya mencionado mensaje de error no permite ver la cantidad de A319 que posee el ETEC. Por supuesto, aunque la venta de simples elementos de uniformes militares exige un procedimiento extremadamente riguroso, en los sitios oficiales de venta no aparece ni una palabra sobre estos aparatos, que valen en total más de 60 millones de euros…

El sitio airbusdeliveries.blogspot.com acentúa la confusión al repertoriar el avión vendido a Senegal con el número de constructor de uno (cn1485 / F-RBFA) cuyo número de inmatriculación anterior es el número del otro (cn1556 / F-RBFB) «con títulos y el logo de cola, F-reg antes de la entrega, (1485 F-URBSFA aún todo de blanco) ex F-RBFB». [5]

Estas menciones hacen pensar que la oscuridad alrededor del aparato vendido a Senegal tiene como objetivo crear confusión entre los dos aparatos, o sea que se disfrazó el segundo de ellos, “still all white”.

3. El historial de vuelos.

Según el sitio alemán libhomeradar.org, el último vuelo del A319 F-RBFB como aparato manejado por la fuerza aérea de Francia tuvo lugar el 11 de noviembre de 2010 (en ocasión del encuentro de Angela Merkel con Nicolas Sarkozy en Deauville). Posteriormente, justo después de la publicación de la entrevista de Thierry Meyssan, reaparece este aparato, el 1º de marzo de 2011, con la mención «unknown airline» en la casilla que identifica al operador, lo cual hace pensar que ya no es la fuerza aérea francesa quien lo está utilizando, cosa que no es posible sino después de la venta del aparato.
Otro sitio web, el sitio sueco data.flight24.com, ya no mostraba ningún vuelo en el historial del aparato F-RBFB, hasta el 1º de marzo, fecha en que el avión aparece nuevamente, pero ahora manteniendo a la fuerza aérea francesa como operador:

«This Airbus A319-115X, with serial number 1556 is flying for French Air Force. Latest flights by F-RBFB: CEV4651 seen @ 2011-03-01 14:47 CET - 4651 seen @ 2011-03-01 14:37 CET» [6]

4. ¿El Airbus F-RBFB está todavía en Ginebra?

El 2 de marzo a las 9 horas (08h03 UTC), el sitio radarvirtuel.com, que utiliza el sistema Google Maps para cartografiar todos los datos recibidos de la red de usuarios de receptores ADS-B, señaló que el A319-RBFB estaba aterrizando en el aeropuerto internacional de Ginebra. Aquel vuelo se desarrollaba de forma totalmente oculta para los datos que publica la aviación civil y no se registró en ningún lugar, lo cual es extremadamente extraño e inconcebible de parte de un operador que no tiene nada que ocultar. Sin la red de usuarios de receptores de señales de radar ADS-B, el A319 F-RBFB no hubiese sido localizado. (Ver la captura de pantalla que aparece debajo).
Según nuestras informaciones, es muy probable que el avión esté aún en el aeropuerto internacional de Ginebra, a no ser haya hecho escala allí el 2 de marzo. Transmitimos por lo tanto este texto a la justicia suiza [7] para que, luego de tomar conocimiento de las irregularidades anteriormente mencionadas, se ocupe del caso y se asegure, mediante el control de los documentos de abordo, de que el A319 F-RBFB se encuentra en territorio helvético de forma legal y que no es propiedad de una persona cuyo bienes puedan ser confiscados en territorio suizo. Si el aparato ya no se encuentra en Ginebra, que la justicia suiza haga públicas las condiciones de la escala en el aeropuerto de Ginebra, su destino y la información recogida en aquel momento sobre su operador y su propietario.

Transmitimos también este texto a las autoridades competentes pidiéndoles que respondan a las preguntas que les competen:

- 1. ¿A quién encargó Nicolas Sarkozy de proceder a la venta de los aviones F-RBFA y F-RBFB?

- 2. ¿Garantiza él la legalidad de los procedimientos?

- 3. ¿Intervino él directamente en esas operaciones?

- 4. ¿Intervino la señora Michele Alliot-Marie en las ventas de los aviones F-RBFA y F-RBFB? ¿Abordó ella esos asuntos con representantes del Estado tunecino, de las compañías NouvelAir, Tunisair, TTS Financière o de Karthago Airlines?

- 5. ¿Se produjeron movimientos financieros alrededor de esos aviones?

- 6. ¿Por qué no se utilizaron el procedimiento normal y la transparencia del pedido de ofertas?

- 7. ¿Quién ordenó al personal a cargo del registro de la Dirección General de la Aviación Civil la exclusión de los aviones A319 F-RBFA y F-RBFB?

- 8. ¿A quién pertenecen hoy en día los aparatos F-RBFA y F-RBFB?

- 9. ¿Qué logos, marcas y matrículas llevan hoy esos aparatos?

- 10. ¿Dónde está el Airbus A319 F-RBFB, cn 1556?

IMPORTANTE

Recordamos que, según el principio de presunción de inocencia, las interrogantes planteadas en este artículo no dan por sentada en lo absoluto la culpabilidad de nadie. Es posible que todas las anomalías señaladas no sean más que simples coincidencias y que sólo por efecto de una extraordinaria casualidad se hayan concentrado todas en la cesión de esta aeronave. Confiamos por lo tanto en las explicaciones que tengan a bien proporcionarnos las autoridades implicadas, a las que dirigimos este texto, como:

El palacio del Elíseo [la presidencia de la República Francesa]:
- La secretaría de la Presidencia,
- sus Consejeros,

El Primer Ministro:
- el Primer Ministro y su gabinete,
- sus Consejeros,

El Tribunal de Cuentas,

El Ministerio de Defensa:
- El Gabinete del Ministro,
- La Delegación de Información y Comunicación de la Defensa (DICoD)
- La Base aérea de Villacoublay (BA107)

La D.G.A.C.:
- El Director del Gabinete
- El Encargado de relaciones con la prensa

El Fiscal general del Cantón de Ginebra

Las autoridades tunecinas interesadas:
- El Ministerio de Transporte
- La Oficina de Aviación Civil y Transportes
- La Embajada de Túnez en Suiza
- El Consulado de Túnez en Ginebra

La Organización Europea para la Seguridad de la Navegación Aérea (EUROCONTROL)

Fuente: Comité Valmy
Association républicaine française. Site Internet.

(Notas):

[1] Registro de matrícula de las aeronaves de la DGAC.

[2] «Nouvel avion présidentiel: Karim Wade serait au coeur des négociations», Politico, 15 de noviembre de 2010.

[3] «Sénégal: Me Wade achète l’avion de Sarkozy pour 20,9 milliards de F Cfa», por Abdoul Aziz Seck y Bachir Fofan, Le Populaire, edición del 13 de noviembre de 2010, retomado en Afriscoop.

[4] «Premier vol de Sarkozy dans l’avion présidentiel», Le Parisien, 11 de noviembre de 2010.

[5] «Airbus A319 -115ACJ 1556 6V- République du Sénégal at BOD 25feb11 with titles & tail logo, F-reg prior delivery, (1485 F-RBFA still all white) ex F-RBFB»

[6] «F-RBFB - French Air Force», flight24.com

[7] Transmitido a Daniel Zappelli, Fiscal General del Cantón de Ginebra.

Una empresa textil de Ronda acumula el mayor número de intrusos confirmados

ANDALUCÍA

Corrupción


De los 59 casos que la Consejería de Empleo ha confirmado como personas introducidas en expedientes de regulación de empleo (ERE) sin haber trabajado nunca en las empresas afectadas, 10 se encuentran en la empresa textil Bonpunt, radicada en el municipio malagueña de Ronda. Los 87 trabajadores de esta empresa, conocida popularmente en la localidad como La Fábrica de las bragas, aceptaron un acuerdo con la dirección de la textil catalana en julio de 2007 tras dos meses de enfrentamientos a raíz de la presentación del ERE. En agosto se firmó. El empresario también cerró plantas en Antequera y Morón de la Frontera y cuenta en la actualidad con almacenes de no más de diez trabajadores.

Según pudo conocer esta redacción, la Junta ha sido informada de que cinco trabajadores que no pertenecían a esta empresa, pero sí a otras del grupo, fueron introducidos en las prejubilaciones, informa Javier Flores. Faltarían otros cinco de los que no se tiene constancia de relación laboral alguna. En total, de los 80 trabajadores afectados de los 87 existentes en la planta, 63 se acogieron a prejubilaciones más los cinco comentados que pertenecían al grupo.

Otras fuentes comentaron que los intrusos podrían ser antiguos empleados de la empresa ubicada en Ronda que piden acogerse a las ayudas cuando conocen de la próxima presentación del ERE. Según las mismas fuentes, la Delegación de Empleo en Málaga no era favorable a aceptar al ERE, pero tras la negociación del sindicato CCOO en Sevilla, accede. Bonpunt inició su actividad en 1972 y llegó a contar hasta con 500 trabajadores.

El listado de intrusos aportados por la Consejería de Empleo a la juez que lleva el caso, Mercedes Alaya, aporta como novedad la presencia de dos personas en el ERE de la industria auxiliar de Delphi.

También la confirmación de que hay intrusos en la etapa posterior a que Francisco Javier Guerrero, a quien la Junta pone como techo en la depuración de responsabilidades, cesase en la dirección general de Trabajo.

La investigación halla dos intrusos en el ERE de Tioxide Europe. El expediente temporal en la empresa dedicada a la fabricación de colorantes ubicada en el Polo Químico de Huelva se remite a noviembre de 2008. Ese mismo abril, tras las elecciones y nueve años en el cargo, Guerrero cesa y es relevado por Juan Márquez Contreras, que ocupará el puesto hasta 2010.

En un comunicado el miércoles y tras las informaciones que le vinculaban con los ERE fraudulentos, Márquez defendió que "todas" las decisiones que adoptó se ajustaron "escrupulosamente a la legalidad vigente". Se da la circunstancia de que Márquez se postula como candidato a la Alcaldía del municipio onubense de Lucena del Puerto, a la espera de la celebración de la asamblea municipal.

El secretario provincial del PSOE de Huelva y portavoz del Grupo Socialista en el Parlamento, Mario Jiménez, aseguró ayer que su partido está a la espera de obtener una resolución judicial que demuestre si Márquez ha cometido alguna irregularidad.

La sospecha se extiende también al ERE de Tragsa, una empresa pública nacional de capital público. Entre otras nuevas empresas conocidas en esta tercera fase de la investigación se encuentra Minas de Alquife, el yacimiento de hierro a cielo abierto considerado el más grande de Europa de su clase, Dhul y ABB Power Technology. En total, 59 intrusos en 22 empresas.

domingo, 6 de marzo de 2011

Mercedes Coghen cobraba 75.000 euros y solicitó que le pagasen el abono transporte

ESTADO ESPAÑOL

Corrupción

La solicitud le fue denegada porque no presentó a su debido tiempo, como era obligación, fotocopia compulsada de su tarjeta sanitaria.

Mercedes Coghen fue nombrada Asesora de Relaciones Deportivas Internacionales el 13 de abril de 2010, cargo de confianza política con un sueldo cercano a los 75.000 euros brutos anuales.

Tan sólo dos días después, solicitaba el pago del abono transporte: el más barato anual cuesta 500 euros.

En su anterior cargo, como Consejera Delegada de la Oficina Madrid 16, Coghen disponía de coche propio. Como asesora y ahora, como Directora General de Deportes no tiene derecho al mismo.

El equipo de Gobierno del ayuntamiento de Madrid afirma que como funcionaria eventual (porque así la considera) ella tiene derecho, como el resto de los trabajadores municipales, a las ayudas sociales como el resto. Además, asegura que este tipo de ayudas son recibidas por altos cargos de otras instituciones públicas sin que sean estas objeto de interés público.

Comisiones Obreras, sin embargo, cree que Mercedes Coghen no tiene derecho a recibir ayuda social alguna porque, según el sindicato, así lo señala el acuerdo de la mesa general de los empleados públicos en vigor hasta 2011 en su artículo 3.

Santiago Herrero, líder de la patronal andaluza, socio de una empresa del fraude masivo

ANDALUCÍA

Corrupción


En el fraude masivo de alrededor de 1.600 empresas que presuntamente se han beneficiado de los fondos europeos intermediados por la Junta de Andalucía para contratar a trabajadores que eran despedidos nada más cobrada la ayuda, se encuentra una empresa peculiar, Qualytel TeleServices, SA, administradora única de Qualytel Andalucía, SA. Señalada este domingo por ABC, de su consejo de administración han formado parte hasta diciembre de 2007 el presidente de la Confederación de Empresarios Andaluces (CEA), Santiago Herrero León, y altos cargos del organismo, cosa que no ha salido a la luz. Igualmente ha sido administrador de esta empresa Antonio Falcón Romero, socialista y ex alto cargo de la Junta de Andalucía, concretamente ex director general de Política Interior del Gobierno andaluz y ex comisionado para la Droga.

Cobra gran relevancia la noticia por cuanto Qualytel Teleservices es la empresa encargada por parte de la Agencia Tributaria para asesorar por teléfono a los contribuyentes con sus declaraciones de la Renta. Que esté siendo investigada por defraudar 318.000 euros de ayudas de la Unión Europea al empleo que gestionó la Junta de Andalucía ya es notable. Que sean personas de la cúpula de la CEA los que han sido sus socios en Andalucía desde marzo de 2004 a diciembre de 2007 es relevante.

Según dice el propio diario de Vocento, "el escándalo cobra en el caso de Qualytel perfiles inquietantes, puesto que, entre la amplísima cartera de clientes con que cuenta esta compañía especializada en la gestión telemática, está la propia Agencia Tributaria, que le ha encargado el servicio telefónico de la próxima campaña de la Renta, que arrancará en mayo. Este servicio está confirmado en ciudades como Madrid, Barcelona y Sevilla. Entre sus asiduos clientes se encuentran también bancos y teléfonos como el 112 de emergencia o servicios básicos como Salud Responde contratados por la Junta de Andalucía, bajo cuya gestión se cometieron las irregularidades".

De ser esto cierto, está claro que las personas de la cúpula implicada de la CEA tienen responsabilidades por cuanto que ya en 2006, el digital Por Andalucía Libre publicó que "hay destacados empresarios de la cúpula dirigente de la CEA que son administradores y/o accionistas de una de las empresas ligadas a Qualytel SA, en concreto, a Qualytel Andalucía SA, cuyo administrador único es Qualytel Teleservices,SA. La empresa se llama COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA y en ella participan Santiago Herrero, José Luis Haurie, Antonio Carrillo Alcalá y Miguel Santaella Rodríguez (que sepamos no lo hacen en nombre de la CEA sino a título personal).

Hasta ahora, sólo habíamos descubierto en Qualytel Interservices, SA, empresa dedicada al telemárketing y adjudicataria del servicio Salud Responde de la Consejería de Salud, la presencia de Antonio Falcón Romero, ex comisionado de la Droga y militante del PSOE, socio a su vez de Pablo Recio y Luis Cordero, ambos vinculados al PSOE. Pues la cosa es más compleja y demuestra que la tela de araña afecta a muchos y de muy variada manera. También pruebanlos intereses comunes que ligan a dirigentes empresariales con la Junta de Andalucía y el Partido Socialista.

Entre los accionistas de Qualytel Andalucía SA se encontraban a finales de 2006 y estuvieron hasta finales de 2007:

a)Tomás Muriana Gajete, Consejero Delegado y Fundador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

b)Vicente Olivenza Castellano, Representante de AEMT(Asociación Española de Márketing Telefónico) y administrador de QUALYTEL TELESERVICES, S.A.

c)María José Romero Ganuza

d) COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA (que es la sección donde participan los gerifaltes de la CEA)

e)Antonio Falcón Romero, ex alto cargo de la Junta de Andalucía y del Partido Socialista, administrador de Qualytel Teleservices, SA, adjudicataria del servicio Salud Responde.

Es en la empresa COMUNICACION Y FOMENTO DE ACTIVIDADES ECONOMICAS EN ANDALUCIA SA donde aparecen como administradores algunos de los más importantes dirigentes de la CEA. Dedicada a servicios y/o asesoramiento de comunicación, imagen, difusión, etc. de empresas en cuanto a comunicación integral y otras; encuentros, reuniones, asambleas, etc.; y servicio jurídico, contable, fiscal, laboral a empresas, sus administradores son:

Miguel Santaella Rodríguez: vicepresidente de la CEA en 2006 y presidente de la Asempal, Asociación Empresarial de la Provincia de Almería.

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

José Luis Haurie Vigne: miembro del Consejo Andaluz de Relaciones Laborales por la CEA en 2006. Y es vocal de la Comisión de control de Caja Córdoba

Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Santiago Herrero León: presidente de la CEA


Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 30/04/1998
Inscripción: 1
Fecha inscripción: 05/06/1998
Fecha de la escritura: 30/04/1998
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2086/98

Antonio Carrillo Alcalá: secretario general de la CEA


Cargo: Consejero
Fecha de nombramiento: 16/02/2002
Duración: 16/02/2007
Inscripción: 2
Fecha inscripción: 20/06/2002
Fecha de la escritura: 07/06/2002
Notario/Certificante: ANTONIO OJEDA ESCOBAR
Residencia: SEVILLA - SEVILLA
Número de protocolo: 2002/2643

Cuenta ABC que la envergadura económica podría superar el escándalo financiero de los ERE, que tuvo su origen en el caso de las supuestas comisiones ilegales de Mercasevilla. Sólo desde el año 2009 el importe total de las ayudas concedidas por la Junta que están bajo sospecha se eleva a 25 millones de euros.

Qualytel cuenta con una plantilla de 6.500 trabajadores y factura al año 1,16 millones de euros ya ha trabajado en anteriores campañas de la Renta con la Agencia Tributaria. Gracias a contratos como éste, en 2006, con presencia de la cúpula de la CEA, escaló al cuarto puesto del sector de gestión telemática a nivel nacional, con un ritmo de crecimiento del 30 por ciento anual Sus servicios para administraciones abarcan el teléfono de 24 horas o el de emergencias de Andalucía y Cataluña.

Entre sus clientes preferentes se encuentra, de hecho, la Junta de Andalucía, que encargó a este «call center» la gestión de servicio telefónico de Salud Responde, así como la línea que asesora a las mujeres en casos de malos tratos (teléfono 016). De hecho, según corroboran desde el sindicato Comisiones Obreras, la filial regional de Qualytel, Qualytel Andalucía, SA, gestiona los mencionados servicios, así como el Teléfono del Menor y parte de las líneas del 061 y el 112 en las provincias de Almería, Jaén, Málaga y Granada.

En Qualytel, como fue denunciado por "Por Andalucía Libre" en dos informes, la precariedad en el empleo era la norma, ya que la mayoría de sus trabajadores eran despedidos a los pocos meses de ser contratados. De hecho, la firma despidió en 2009 a más de 200 trabajadores amparándose en la rescisión de contratos de empresas con esta teleoperadora. El asunto concluyó con una sentencia del TSJA que confirmó otra de un juzgado jerezano que declaró improcedentes los ceses.

El PP ya denunció a la firma en 2006 por chanchullos. Hicieron público un documento anónimo en el que se recogía un convenio de colaboración entre la alcaldesa de Jerez, Pilar Sánchez, y el presidente de Caja San Fernando, Luis Pascual Navarrete, en relación con la cesión parcial y temporal, mediante precio, al Ayuntamiento del inmueble que ocupaba la Facultad de Derecho para la instalación de la empresa de telecomunicaciones Qualytel. Se autorizaba el uso del edificio a "otros usos compatibles con las actividades propias del sector de las telecomunicaciones". El pleno en le que se aprobó el cambio de uso del edificio nunca existió.

viernes, 4 de marzo de 2011

Consecuencias del Caso Hemodiálisis

ESTADO ESPAÑOL

Corrupción

Mientras los ecos del llamado “Caso hemodiálisis” se encuentran casi apagados en los medios de comunicación de las islas, la presunta trama de corrupción que salpica a algunos de los máximos responsables del Servicio Canario de Salud continúa dando que hablar en la prensa de ámbito estatal.

Como se recordará, este enésimo escándalo de corrupción se conocía el pasado mes de octubre, coincidiendo con la ruptura del pacto de Gobierno entre CC y Partido Popular. El día 14 de ese mes, una semana antes de la salida del PP del Ejecutivo autonómico, la Consejería de Sanidad –en manos de Mercedes Roldós - adjudicaba el servicio de hemodiálisis del hospital Juan Negrín de Gran Canaria y José Molina de Lanzarote a Lifeblood. Una empresa sin ninguna experiencia en el sector, que hasta entonces se había dedicado exclusivamente al negocio inmobiliario y con la que estarían relacionados amigos, parientes y otras personas afines al Partido Popular. Para poder efectuar la adjudicación irregular, los responsables del Servicio Canario de Salud modificaron previamente las bases del concurso, haciendo desaparecer de las mismas el requisito de experiencia de al menos seis meses y cambiando por un seguro el de “solvencia económica y financiera acreditada”. Además, superando de forma sospechosa el monto de los contratos que habitualmente realiza la Consejería de Sanidad se otorgó la concesión del servicio a Lifeblood por 124, 7 millones de euros, casi 21.000 millones de pesetas, y un periodo de 15 años.

Fernando Bañolas, acuciado por un escándalo que le estalló en pleno rostro nada más ocupar su cargcomo nuevo consejero del ramo, manifestaba el pasado mes de diciembre que el Gobierno canario había decidido anular la adjudicación del concurso. La Consejería de Sanidad daba marcha atrás en el proceso hasta el momento anterior a la elaboración de la propuesta de adjudicación. Las peculiares condiciones del concurso que favorecieron a Lifeblood en perjuicio de otros competidores, no obstante, no fueron modificadas. En cuanto a las responsabilidades políticas o de otra índole que pudieran existir en este caso, Bañolas evitó cuestionar la “limpieza del procedimiento y la actitud de las personas que intervinieron en él”.

La investigación, no obstante, continúa en los tribunales y la presunta implicación en la trama de Lourdes Quesada (en la foto), mujer del fiscal jefe de Las Palmas Guillermo García-Panasco, ha provocado la implicación en la misma de la Fiscalía Anticorrupción. Lourdes Quesada, secretaria general técnica de la Consejería de Sanidad, no está actualmente imputada pero todos los indicios apuntan que pudo participar en la modificación de las condiciones del borrador de las bases del concurso que benefició a Lifeblood.

Quesada fue la responsable de recoger el borrador elaborado por los técnicos del Servicio Canario de Salud y, previa modificación de estos capítulos, convocar el concurso de prestación del servicio de hemodiálisis en el Área Norte de Gran Canaria y en Lanzarote. Además, Quesada presidió la mesa de contratación que adjudicó el contrato a Lifeblood tras recibir los informes, entre otros, de la jefa de Nefrología del Hospital Doctor Negrín, Leo Palop, jubilada a los pocos días. A pesar de ello, Bañolas manifestó la intención intención del ejecutivo regional de mantener a Quesada en su puesto "durante lo que resta de legislatura".

De no intervenir la Fiscalía Anticorrupción, el representante del Ministerio Público que actúa en la causa debería despachar con su superior jerárquico, Guillermo García-Panasco, sobre un asunto que afecta directamente a su esposa. Por ello, Anticorrupción ha asignado el caso a dos fiscales destinados en Madrid, Luis Rodríguez Sol y Juan Pavía.

- La conexión con la trama Gürtel.

Una de las vías de investigación del “Caso hemodiálisis” pretende determinar – según fuentes judiciales – si tras la concesión irregular a Lifeblood puede existir un episodio de financiación irregular del PP Canario. Abona esta hipótesis el hecho de que esta empresa fue constituida por Ramón Cerdá, creador a su vez de otras empresas relacionadas con la Trama Gürtell destapada en el Levante español. Todos los antecedentes registrados en caso similares, no obstante, impiden suponer que los tribunales españoles sean capaces de sancionar a uno de los pilares básicos del sistema bipartidista que, de facto, rige en el Estado español. Las evidencias sugieren, por el contrario, que pronto el “caso hemodiálisis” pasará a engrosar la larga lista de tramas olvidadas sin que jamás “pase nada”.

miércoles, 2 de marzo de 2011

Los casos que utiliza el PP contra la Fiscalía. 'Caso Faisán', Mercasevilla, los falsos ERE, 'caso Bono', Ibiza, votos en Melilla...

ESTADO ESPAÑOL

Corrupción


01 - ‘Caso Faisán’: quién dio el chivatazo

¿En qué consiste?

El soplo al presunto etarra Joseba Elosúa abortó una operación policial contra una red de extorsión de ETA el 4 de mayo de 2006, que acabó realizándose un mes más tarde. El juez Fernando Grande-Marlaska, que dirigía la redada, ordenó que se investigara el chivatazo a Elosúa, que confesó haber sido advertido por un policía a través de un teléfono que le facilitó un desconocido. Posteriormente, cuando Baltasar Garzón regreso de su excedencia a la Audiencia Nacional, continuó con las diligencias y realizó varios interrogatorios. Las pruebas desembocaron en la imputación del ex- director general de la Policía, Víctor García Hidalgo, y de dos agentes policiales. Actualmente, el juez Pablo Ruz, que se ha hecho cargo del caso después de que Garzón fuera apartado de la Audiencia, ha reactivado la investigación.

Actuación de la Fiscalía

En octubre de 2009, la Fiscalía solicita el "sobreseimiento provisional y archivo de la causa" porque, a tenor de la investigación realizada, entendía que no había forma de identificar a la persona que dio el chivatazo. "No encontramos un enlace preciso que conduzca de forma inexorable y sin duda alguna a la tesis incriminatoria expuesta por los investigadores", señalaba el escrito del fiscal, que daba por agotada la investigación. Estimó que no era necesario practicar nuevas diligencias, "no concurriendo claros indicios incriminatorios".

Ante la modificación de la línea de investigación introducida por el juez Ruz y las nuevas pistas en la investigación, que aportan cierta luz sobre la autoría del chivatazo, la Fiscalía de la Audiencia decidió respaldar la práctica de nuevas diligencias. Pero no todas.

Por ejemplo, el Ministerio Fiscal se opuso a la declaración del secretario de Estado de Interior, Antonio Camacho. El juez dio la razón al fiscal. En sentido contrario, el Ministerio Público apoyó la identificación de los usuarios de tres teléfonos del Ministerio del Interior y la declaración como testigo del comisario José C. La Fiscalía también solicitó otras diligencias adicionales.
02 - Comisiones ilegales en Mercasevilla

¿En qué consiste?

El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla investiga los posibles delitos derivados de una grabación realizada en enero de 2009. En ella, dos directivos de la sociedad municipal Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, piden comisiones ilegales de 450.000 euros, en concepto de "colaboración con la Junta" de Andalucía, a dos empresarios del grupo Alazar a cambio de subvenciones y favores. En abril, el PP denuncia este caso en el juzgado. El Partido Andalucista también acude a los tribunales.

Actuación de la Fiscalía

El 16 de febrero de 2009, la Fiscalía de Sevilla recibe la grabación de los empresarios, enviada en un CD por la Consejería de Empleo de la Junta, informándole de la "posible trascendencia delictiva" de su contenido. La fiscal jefe, María José Segarra, abre de forma inmediata diligencias de investigación penal, ordena la transcripción de la conversación y la identificación de las personas implicadas.

El 7 de abril, la Fiscalía recibe el atestado policial (que incluye las declaraciones de los testigos que grabaron la cinta) y ese mismo día acuerda solicitar al Ayuntamiento de Sevilla la auditoría del resto de subvenciones obtenidas por Mercasevilla de la Consejería de Empleo. El 24 de abril de 2009, el juzgado admite la denuncia del PP y cesa la investigación de la Fiscalía "por imperativo legal", explica Segarra. Sus actuaciones se incorporan a la causa.

En noviembre de 2010, una de las partes recusa a la jueza, Mercedes Alaya, porque su marido fue auditor de Mercasevilla durante siete años. El Ministerio Público apoya la recusación, sin embargo el tribunal resuelve finalmente que no había lugar. El pasado miércoles, la Fiscalía presentó escrito de acusación contra el delegado provincial de Empleo, Antonio Rivas, y contra los dos directivos de Mercasevillaque pidieron la comisión ilegal. Pide pena de multa de 900.000 euros y suspensión de empleo o cargo público por 21 meses.
03 - Falsos ERE con dinero de la Junta

¿En qué consiste?

Los dos años de investigaciones en el caso Mercasevilla han permitido destapar una presunta trama destinada a colocar falsos prejubilados en expedientes de regulación de empleo (ERE) financiados por la Junta de Andalucía. De momento se han detectado 39 casos irregulares sobre un total de 6.096 prejubilados. La Junta dedicó 647 millones de euros a los ERE desde 2001 y el fraude podría superar los cuatro millones.

Un informe de la Policía apunta a varios cargos públicos del Gobierno andaluz como posibles responsables del entramado. La investigación, en fase aún preliminar, ha supuesto la detención de 11 personas, intermediarios, gestores públicos, un exsindicalista de UGT y un miembro del PSOE de Jaén.

Actuación de la Fiscalía

El Ministerio Público recuerda que los datos sobre los ERE han aparecido dos años después de que se iniciara la instrucción del caso Mercasevilla, en febrero de 2009. Por tanto, casi dos años después de que la dirección de la investigación pasara de forma obligatoria de la Fiscalía al Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, tras la denuncia presentada por el Partido Popular. Además, el Ministerio Público destaca que ha adscrito a este caso a un fiscal anticorrupción, especializado en delitos económicos, como refuerzo para la investigación de los posibles hechos delictivos.
04 - Polémicos votos en Melilla

¿En qué consiste?

Después de las elecciones generales de 2008, el PP presentó una denuncia contra el PSOE por la supuesta compra de votos a cambio de un empleo y por haber alterado el voto por correo, que está siendo investigada por el Juzgado de Instrucción número 4 de Melilla.

Actualmente, hay 27 personas imputadas, entre ellas los líderes del PSOE local y del partido Coalición por Melilla (CpM), Dionisio Muñoz y Mustafá Aberchán, respectivamente. Según el magistrado, existen indicios de un "entramado" que pretendía obtener votos ilegítimamente. Uno de los testigos, el exsocialista Nordin Abdel-Lah, afirmó que el ministro José Blanco estaba al tanto. Estaba previsto que Muñoz y otros imputados declarasen ante el juez en enero, sin embargo se aplazó esta diligencia hasta marzo. Será entonces cuando se conozca la posición del fiscal.

Actuación de la Fiscalía

El PSOE pidió "la nulidad del proceso" en septiembre y CpM, en enero de 2011. El Ministerio Público emitió un dictamen para que el procedimiento siguiese adelante, explicaron fuentes de la Fiscalía de Melilla, que también destacan la dilatación del caso tras tres años de instrucción: "La Fiscalía hace todo lo que puede para agilizarlo, pero es el juez el que dirige la investigación". Los acusados creen que el fiscal ha tenido hasta ahora "un papel de observador".
05 - 'Caso Extraco': ¿Influencia por email?

¿En qué consiste?

En noviembre de 2009, la Dirección de la Competencia denunció ante la Fiscalía varios e-mails hallados al presidente de la empresa Extraco, Pablo Prada, en los que se dirigía al gerente del PSOE, Xoan Cornide, para que le ayudase a lograr obras de Fomento. Cornide le respondió que intentaría "empujar" en su favor.

Actuación de la Fiscalía

El Ministerio Público abrió una investigación y solicitó a la Secretaría de Estado de Planificación e Infraestructuras los expedientes de las obras a las que había concurrido Extraco entre 2006 y 2009. De las 423 licitaciones, esta sociedad resultó adjudicataria en 27 de ellas. Y sólo en dos de las 27 obras adjudicadas, Prada le pidió a Cornide que realizara gestiones.

La Fiscalía no encontró pruebas de que Cornide "realmente" se dirigiera a los responsables de Fomento para intermediar en favor de Extraco. Para "agotar la investigación", el Ministerio Público requirió el apoyo de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE). Su informe tampoco apreciaba "incumplimientos sustanciales de legalidad" en las adjudicaciones. A la vista de la investigación, la Fiscalía Anticorrupción archivó el caso en abril de 2010. El Partido Popular no presentó ninguna denuncia judicial relacionada con este caso.
06 - Ibiza Centro y el cobro de comisiones

¿En qué consiste?

El 8 mayo de 2007, el exsecretario general del PSOE de Ibiza y Formentera Roque López denunció que varios dirigentes del partido se estaban beneficiando de presuntas comisiones ilegales relacionadas con el proyecto urbanístico Ibiza-Centro. Aportó unas cintas como prueba ante el juzgado de instrucción. El principal imputado es el presidente del Consell y diputado autonómico, Xicu Tarrés, que declaró por primera vez en febrero de 2009.

En este tiempo, se tomó declaración a López y se verificó la autenticidad de la cinta. Tarrés está acusado de prevaricación, cohecho y falsedad documental. Actualmente, el caso está siendo instruido por la titular del Juzgado número 3 de Ibiza, después de que López se querellase contra el primer juez y contra la abogada de Tarrés. La jueza no se ha inhibido en favor del Tribunal Superior de Justicia de Balears, de lo que se deduce que no ha encontrado "indicios sólidos" contra el dirigente socialista. Tarrés declaró por última vez en noviembre de 2009.

Actuación de la Fiscalía

A día de hoy, aún no hay escrito del fiscal. La abogada de Tarrés, Ascensión Joaniquet, reconoce que la causa se está dilatando mucho. Aparte del retraso causado por el cambio de juez, fuentes jurídicas próximas al caso consideran que el Ministerio Público no está siendo demasiado diligente en su actuación.
07 - 'Caso Matsa', archivado por el Supremo

¿En qué consiste?

El sindicato Manos Limpias presentó en junio de 2009 una denuncia ante la Fiscalía Superior de Andalucía contra el expresidente de la Junta y actual vicepresidente del Gobierno, Manuel Chaves, por presuntos delitos de malversación de fondos públicos y tráfico de influencias. El Ejecutivo andaluz, cuando estaba presidido por Chaves, concedió una subvención de diez millones de euros a la empresa Matsa, donde trabajaba su hija. El PP interpuso una querella criminal ante el Tribunal Supremo por prevaricación, malversación y tráfico de influencias.

Actuación de la Fiscalía

Ante la condición de aforado de Chaves, estas denuncias fueron remitidas a la Fiscalía del Tribunal Supremo. El Ministerio Público pidió el archivo el 24 de julio de 2009, al entender que "los hechos no eran constitutivos de los delitos de tráfico de influencias ni de prevaricación administrativa".

Esta petición fue respaldada por la Sala Segunda del Supremo, que señaló que "el incumplimiento de un deber legal de abstención, por sí sólo, no genera" prevaricación. En cuanto al tráfico de influencias, el auto del tribunal apunta que los hechos susceptibles de considerarse tráfico de influencias son meras "conjeturas" a partir de la condición de presidente de la Junta de Chaves y del trabajo de su hija. Acordó el archivo de la querella en febrero de 2010.
08 - La Justicia no ve delito en el 'caso Bono'

¿En qué consiste?

El PP presentó ante la Fiscalía cuatro escritos de denuncia contra el presidente del Congreso, José Bono, por supuestos delitos contra la Hacienda Pública y la Administración a la vista de su incremento patrimonial, apoyándose en informaciones de prensa. Casi en paralelo, la asociación Preeminencia del Derecho presentó una querella ante el Tribunal Supremo por un posible delito de cohecho, en septiembre de 2010. Denunciaba la permuta de dos áticos en Estepona promovidos por Rafael Santamaría y el regalo de la decoración de una de las casas de Bono. Un mes mas tarde, la asociación Ciudadanía Anticorrupción presentó otra querella por presunto delito de cohecho impropio.

Actuación de la Fiscalía

En julio de 2010, el Ministerio Público archivó las denuncias del PP porque no había datos objetivos. En octubre, ante las querellas presentadas en el Tribunal Supremo, el fiscal concluía en su informe que procedía archivar la causa "por no ser los hechos objeto de la misma constitutivos de delito". Según el escrito, "lo que sería sospechoso en personas que generaran pocos ingresos, se torna en normal ante el volumen económico" de Bono y su entonces esposa. La Sala Segunda del Supremo ratificó el criterio del fiscal y acordó no admitir a trámite las querellas presentadas.

lunes, 28 de febrero de 2011

Corrupción y desigualdades en Sudáfrica: ¿Adónde fue el viejo sueño de Mandela?

MUNDO

Corrupción
El legado político de Nelson Mandela parece no haber caído en buenas manos. Los políticos sudafricanos han cambiado la lucha por la libertad y el bien común por el interés privado y un estilo de vida ostentoso.

Nelson Mandela, la personalidad más sobresaliente del país y auténtico modelo a seguir, para muchos ya no sirve como referente. La escala de valores ha cambiado y los políticos también. Madiba, como es conocido entre sus paisanos, dedicó la mayor parte de sus 91 años a la lucha contra el apartheid. De ellos 27 los vivió encarcelado por el gobierno en la prisión de Robben Island. Hoy, es un símbolo de la libertad y de la defensa de los derechos humanos. Pero, el camino recto trazado por el prisionero número 466/64 no ha tenido continuidad en sus “herederos” políticos, absorbidos por excesos que conducen únicamente a la corrupción. El sueño de Mandela se ha transformado en un enorme laberinto de senderos que se bifurcan.

Jacob Zuma, actual jefe de gobierno y líder del Congreso Nacional Africano (ACN, en sus siglas inglesas), encabeza la lista de una nueva clase política que ha olvidado la historia y la grandeza de sus predecesores. Su único interés es engordar sus arcas privadas sin importarle el bienestar del pueblo sudafricano, uno de los más desiguales del mundo, en el que ser blanco todavía supone ganar seis veces más y en el que una gran parte de la sociedad construye su hogar con chapa y cartón. Zuma, la manutención de sus veinte hijos reconocidos y de sus cuatro mujeres le cuesta al Estado la escandalosa cifra de dos millones de dólares al año. Mientras a las puertas de palacio, el 48% de la población malvive con 32 euros al mes.

El caso del presidente Zuma, de 68 años, no es único. La codicia y el nepotismo se reparten por igual también entre las nuevas generaciones de políticos. El ejemplo más vergonzoso se llama Julius Malema. Se trata de un joven que apenas ronda la treintena, líder de las juventudes de ACN. No tiene estudios, pero sus importantes conexiones con el poder le permiten mantener un estilo de vida por todo lo alto en el que, a menudo, tienen cabida extravagantes despilfarros. Así, en su último cumpleaños no tuvo ningún reparo en “bañar” a la prensa con Moët Chandon en un estadio de fútbol alquilado en exclusiva con motivo del festejo. Según los periódicos locales, la pomposa burbuja en la que vive inmerso se debe a los contratos municipales que el Gobierno ha adjudicado a sus empresas. Sus beneficios superan los 20 millones de dólares.