jueves, 3 de marzo de 2011

EEUU prepara desde la isla griega de Creta una intervención militar en Libia

MUNDO

Imperialismo

Más de 500 infantes de marina han llegado en las últimas horas a la base militar de Souda, perteneciente a la OTAN, en la isla griega de Creta, cercana a las costas de Libia.

Hasta este viernes se estima la llegada de otros 1.500 uniformados estadounidenses, un porta-helicópteros con 500 aeronaves y dos buques de guerra.

De esta forma, la sexta flota de los Estados Unidos se encuentra a una distancia muy cercana de las costas libias.

Hasta el 15 de marzo a la isla griega llegarán un portaaviones, un submarino nuclear, un torpedero, un petrolero y buques de abastecimiento.

Una fuente del gobierno griego, que no se identificó, sostuvo que teniendo en cuenta los movimientos militares, Estados Unidos “se prepara para una operación militar en Libia los próximos días y para eso utilizarán como base la isla de Creta”.

La fuente citada expresó que hasta el momento el gobierno griego “no ha decidido como reaccionará ante esta situación”.

Por su parte, el portavoz de la base militar de Souda en Creta, Paul Farley, afirmó que la actual operación “es parte de la redistribución de las fuerzas en la región” en relación con el conflicto que vive Libia.

Este hecho preocupa a las autoridades griegas ya que un posible avance militar estadounidense sobre territorio libio despertaría el rechazo y las protestas de los ciudadanos griegos.

Este miércoles, los buques de guerra estadounidense Kearsage y Ponce entraron en el mar Mediterráneo y navegaron rumbo a Libia, según difundieron las autoridades del Canal de Suez, en Egipto.

También se conoció que Canadá envió hacia la región el buque HMCS Charlottetown, que traslada a 240 marinos y un helicóptero.

El ministro canadiense de Defensa, Peter Mac Kay, indicó que la embarcación podría participar en acciones de ayuda humanitaria para la población o también de evacuación de extranjeros.

Medios de comunicación canadienses también han indicado que el país tiene en la región fuerzas especiales que podrían estar operando en Libia.

Movilizaciones de indígenas panameños consiguen la derogación de la reforma minera

SOCIEDAD

Movilizaciones

El gobierno panameño anunció la derogación de una reforma minera que abriría el camino para inversiones extranjeras en el sector y cuya aprobación había desatado el repudio de indígenas y ambientalistas.

“Vamos a derogar esta ley y vamos a dedicarnos a seguir trabajando; la voz de ustedes ha sido escuchada”, dijo Martinelli al llegar de manera inesperada a una reunión para reanudar el diálogo entre indígenas y gobierno, con la presencia de representantes de la Iglesia Católica, como garante.

El encuentro fue realizado en la localidad de San Félix, a unos 420 kilómetros al occidente de la capital y uno de los focos de protesta en la provincia de Chiriquí.

La reforma fue aprobada a mediados de febrero en medio del rechazo de sectores ambientalistas e indígenas de la etnia Ngobe Bugle, que recrudecieron las protestas la semana pasada con bloqueos en varios tramos de la carretera Panamericana que conecta con Costa Rica.

Un diálogo entre el gobierno y los grupos étnicos que exigen una nueva ley que asegure que no se promoverá la minería en los territorios indígenas fue retomado el jueves, cuando Martinelli se trasladó en helicóptero en la localidad de San Félix.

El gobernante dijo que más tarde realizará un consejo de gabinete extraordinario para aprobar la derogación de la ley que reforma el Código de Recursos Minerales.

Las protestas derivaron en enfrentamientos entre policías e indígenas y dejaron el fin de semana una veintena de heridos, entre ellos cuatro agentes policiales, y por lo menos cinco personas detenidas.

La etnia Ngobe Bugle, de unos 260.000 miembros, rechaza la minería a cielo abierto por temor a los daños que provoca al medio ambiente.

Expertos sostienen que en la Comarca Ngobe Bugle existen enormes yacimientos de cobre y de oro que de ser explotados colocarían a Panamá entre los diez primero países exportadores de cobre a nivel mundial.

Opositores políticos, ambientalistas y organizaciones de derechos humanos dijeron que la ley lesionaba la soberanía panameña al dejar abierta la posibilidad de que estados extranjeros pudieran financiar empresas mineras para invertir en Panamá.

Legalización de la izquierda abertzale. Sortu afirma que la impugnación es "una decisión política"

ESTADO ESPAÑOL

Política



Sortu afirma que la impugnación de su inscripción es "una decisión política, que niega los derechos democráticos elementales que asisten a los ciudadanos y ciudadanas de cualquier Estado de Derecho".

Sortu, que desde su presentación se ha visto sometida a una fuerte presión, agudizada en las últimas horas, ha hecho público un comunicado en el que subraya que la impugnación de su inscripción es "una decisión política".

La formación independentistas precisa que la demanda presentada por la Abogacía del Estado viene "acompañada" de la detención de cuatro personas a las que se acusa de ser miembros de ETA. "Resulta cuando menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político son las que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos y pretenden utilizar nuestro ‘silencio’ como elemento probatorio para una hipotética ilegalización, presionando al ámbito judicial".

Recuerda que desde su presentación decidió mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios y de hechos de naturaleza diversa hasta "disponer de un status de legalidad que permita una actuación y posición políticas acordes con los principios y compromisos de los que nos hemos dotado".

Subraya, en este contexto, que "el día que Sortu sea una organización legal asumirá sin ningún género de duda la responsabilidad para gestionar de manera firme y coherente todos los principios y compromisos establecidos con nuestra formación".

Señala, así, que "no parece de recibo que se le exija a una organización que no existe legalmente como tal posicionamientos ante estos hechos de esa u otra naturaleza política. Esta –precisa– no es una actitud esquiva, sino lógica en el proceso jurídico que estamos inmersos".

Sortu se ratifica en sus compromisoso y señala que "tal como señalan sus estatutos y ha sido reiterado por sus promotores, rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y muestra su compromiso con el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia. Entres estas ‘también’ se encuentran los actos de violencia callejera, los malos tratos y la tortura".

Da a conocer que está recibiendo "un gran apoyo y estímulo" desde muchos estamentos sociales e incluso políticos.

Legalización de la izquierda abertzale. Sonia Respaldiza subraya que es "totalmente incierto" lo recogido en la demanda sobre ella

ESTADO ESPAÑOL

Política


Sonia Respaldiza, una de las promotoras de Sortu, subraya que es "totalmente incierto" lo que se indica en la demanda presentada por la Abogacía del Estado en relación a su persona. Indica que estudia la posibilidad de iniciar acciones legales.

Sonia Respaldiza ha salido al paso de las informaciones aparecidas en distintos medios de comunicación y afirma que es "totalmente incierto" lo que la demanda presentada por la Abogacía del Estado ante la Sala 61 del Tribunal Supremo indica en el apartado 6 bajo el epígrafe "Conexiones directas de Sortu con ETA" en relación con su persona.

En la demanda se liga a Respaldiza con los "papeles" de Ibon Fernández Iradi y se asegura que "ha estado en conversaciones para entrar en ETA" e incluso que "podría incluir hasta su integración en un comando armado"

Respaldiza subraya que "nunca ha tenido conversaciones de ninguna clase con ETA" y que "no conoce ni ha mantenido relación alguna ni contacto de ninguna clase con ETA ni con la persona de Ibon Fernández Iradi, a quien no conoce".

En el comunicado enviado a la prensa se ratifica "íntegramente" en el contenido del capítulo preliminar y de los estatutos que Sortu ha presentado, "lo que hace incompatible y excluye cualquier actividad que entre en contradicción con ellos y con la apuesta política de utilización exclusiva de vías pacíficas y democráticas".

Anuncia que estudia la posibilidad de iniciar las acciones legales que le asisten en defensa de sus derechos, "y en concreto del honor", que entiende que "ha sido vulnerado por quienes le atribuyen un comportamiento incierto como el descrito en la demanda".

Reclama, además, que en el ejercicio del derecho de rectificación, se dé a su comunicado "publicidad similar a la noticia emitida en relación con su persona".