sábado, 12 de marzo de 2011

El Gobierno remite a las Cortes acuerdo para el voto de surcoreanos en las municipales

ESTADO ESPAÑOL

Migrantes


El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes para su aprobación el acuerdo para que los ciudadanos surcoreanos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y viceversa en el caso de los españoles en Corea del Sur.

Este acuerdo forma parte de los quince que se vienen negociando, en régimen de reciprocidad, con aquellos países que ya reconocen el derecho de voto a los ciudadanos españoles. Además de Corea del Sur, se viene trabajando en el mismo sentido con Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Según el acuerdo, podrán votar en las municipales los surcoreanos que hayan residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral, y deberán hacerlo en el municipio de su residencia habitual.

Los españoles podrán votar en Corea del Sur si tienen 19 años o más y han residido en ese país de forma permanente edad mínima como mínimo durante los tres años anteriores a la fecha de inscripción en el censo electoral.

El Gobierno dota el Fondo de Integración de Inmigrantes con 66 millones de euros, un mínimo histórico

ESTADO ESPAÑOL

Migrantes


El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración dotar el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes con 66,6 millones de euros para este año, cifra que supone cuatro millones menos que en el ejercicio de 2010 y que marca un mínimo histórico en la dotación de esta partida.

Este fondo, creado en 2005 para reforzar el presupuesto de las comunidades autónomas en la integración de sus vecinos extranjeros, se ha ido recortando progresivamente en los últimos ejercicios presupuestarios. Así, mientras que entre 2005 y 2008 el fondo pasó de 120 a 200 millones de euros, en 2009 se redujo a 100 millones, en 2010 contó con 70 y, este ejercicio, tendrá un total de 66,6.

Según explica el Gobierno, aunque en la actualidad "ha disminuido el incremento de la población inmigrante, en materia de integración sigue siendo necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones públicas para garantizar la cohesión social y la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de la Constitución", por lo que se ha aprobado esta partida.

El fondo se articula en tres partidas. La primera, de Acogida e Integración, recibirá este año un total de 39,6 millones euros, mientras que el montante destinado a Refuerzo Educativo será de 26,4 millones y se emplearán 536.960 euros en la Atención a menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.

Para la distribución por comunidades autónomas, en mayeria de Acogida e integración se establece una asignación básica para cada región (10%). No obstante, las zonas con mayor presión migratoria --Andalucía, Illes Balears, Canarias, Catalunya, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla-- recibirán además, un 25 por ciento. El resto se repartirá en función de la cantidad de inmigrantes de cada comunidad.

En cuanto a la partida de Refuerzo Educativo, se asigna en función de los siguientes criterios: el número total de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria por Comunidad Autónoma y el número de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria procedente de países no castellanohablantes por cada región.

Así las cosas, Cataluña será la que reciba más fondos, con 14,9 millones, seguida de Madrid (13,4), Andalucía (7,7), Comunidad Valenciana (7,2), Murcia (4,1) y Canarias (3,2). Aragón recibirá 2,1 millones; Asturias, 625.218 euros; Baleares, 2,1 millones; Cantabria, 589.789 euros; Castilla-La Mancha, 2,7 millones; Castilla y León, 2,07 millones; Extremadura, 700.992 euros; Galicia, 1,1 millones; Navarra, 566.123 euros; País Vasco, 893.007 euros; La Rioja, 768.177 euros; Ceuta, 381.551 euros; y Melilla, 432.497 euros.

- Un fondo polémico.

La dotación presupuestaria no ha estado exenta de polémica, especialmente desde que en 2008 el Gobierno consignó el Fondo por Real Decreto como una partida extraordinaria de 200 millones de euros a repartir entre comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG especializadas en acogida a pie de playa.

En marzo de 2009 el Ministerio de Trabajo e Inmigración informó por carta a los responsables autonómicos en la materia de que sobre el presupuesto previsto se efectuaría un recorte del 30 por ciento motivado por la crisis económica, rebajando el importe de 200 millones a un total de 141. Sin embargo, respondiendo a las demandas del Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y las ONG y asociaciones de inmigrantes, el Gobierno restituyó un mes después los 59 euros que se habían suprimido.

Con todo, en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el Ejecutivo volvió a plantear una reducción del Fondo, esta vez del 50 por ciento, hasta una dotación de 100 millones de euros, por la menor llegada de inmigrantes a España y por el rediseño de las políticas de financiación local, que reforzarían el presupuesto de las Comunidades Autónomas para estos fines.

Finalmente, el Fondo quedó fijado en 70 millones, aunque el Congreso había pedido al Ejecutivo que restituyera la partida hasta los cien millones de euros anunciados previamente.

El subdelegado del Gobierno en Málaga afirma que el cadáver hallado en la playa podría ser de un inmigrante que fuera en patera

ANDALUCÍA

Migrantes


El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha confirmado este viernes que el cadáver encontrado flotando este jueves en avanzado estado de descomposición en la playa de La Carihuela, en el municipio malagueño de Torremolinos, "podría ser de algún inmigrante que viniera en patera".

López Luna, que ha visitado este viernes junto con el presidente de Renfe, Teófilo Serrano, la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Málaga, ha señalado que "lógicamente se va a investigar" y ha añadido que "no hay ningún desaparecido en Málaga que pudiera ser esta persona".

El cadáver del hombre, que iba indocumentado, apareció este pasado jueves, sobre las 14.00 horas. El cuerpo, que fue arrastrado por las olas hasta la playa, estaba vestido y llevaba un chaleco salvavidas.

El Comité de Apoyo al Tíbet recurrirá cuanto antes al Tribunal Supremo el archivo de la causa por la represión china en los Juegos Olímpicos

MUNDO

Derechos Humanos


El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Serpa recurrirán lo antes posible ante el Tribunal Supremo el archivo por parte de la Audiencia Nacional de la investigación que se venía desarrollando contra tres ministros y cinco altos cargos chinos por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, según ha informado a Europa Press el portavoz del Comité.

El alto tribunal ha dictado éste viernes un auto en el que permite a los tres demandantes cursar el recurso, en contra del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tras confirmar el archivo inicial de las investigaciones por parte del juez Santiago Pedraz había impedido a las acusaciones poder recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.

La razón de Pedraz para dejar de investigar los hechos fue el cambio de normativa respecto a la jurisdicción universal, al no existir en esta causa víctimas españolas ni encontrarse los presuntos responsables en territorio nacional.

En el auto dado a conocer este viernes, cuyo ponente ha sido el magistrado Miguel Colmenero, el Tribunal Supremo no entra a resolver el fondo de la cuestión, es decir, si España debe seguir investigando esta causa de genocidio, sino que se limita a señalar que los querellantes tienen derecho a que el archivo de las investigaciones sea revisado en esta alta instancia.

Cantos ha calificado la decisión del alto tribunal como "una buenísima noticia" y aseguró que las acusaciones llevan "mucho tiempo esperando algo así". " Nuestros argumentos son abrumadores", ha añadido.

- Cuestión de "importancia".

"La excepcionalidad y especial importancia de la cuestión en cuanto que afecta a la extensión espacial de la jurisdicción de los Tribunales del Estado Español harían razonable que la decisión final correspondiera al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales", señala la resolución.

El caso del genocidio en el Tíbet fue archivado por el juez Central de Instrucción número 1, en febrero de 200. El juez Pedraz adoptó esta decisión en aplicación de la limitación del principio de jurisdicción universal que entró en vigor en 2009, que a su juicio "afectaría al posterior enjuiciamiento" del caso, por lo que resultaría "carente de sentido" continuar con una investigación que no podría finalizar con la celebración de la vista oral.

En concreto, la modificación del principio de justicia penal internacional, que fue aprobada en las Cortes por PSOE, PP, PNV, CiU, ERC y UPyD, establece como requisitos para que la Audiencia Nacional pueda asumir una causa sobre genocidio y lesa humanidad que sus presuntos responsables "se encuentren en España", que existan víctimas "de nacionalidad española", que se constate algún vínculo de "conexión relevante" con nuestro país y que el caso no haya sido investigado por otro tribunal.

Los tres ministros imputados eran el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirigía contra el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron que tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín se produjeron "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana".

Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".

- "Matanza sistemática y generalizada".

Según los querellantes, los ocho altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.

En su escrito, les imputaba "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".