Sionismo
La segunda acepción del diccionario de la RAE sostiene que “justicia” es igual a “derecho, razón, equidad”. Nada que ver con lo que los palestinos reciben cuando tratan de defenderse del expolio de sus recursos naturales, el cerco de sus tierras de labor, el veto a los pasos de su ganado o la invasión de su suelo por viviendas de judíos. “Los arrollan”, resume lacónico Michael Sfard, uno de los abogados de Yesh Din, una asociación de letrados israelíes que combate la violación de derechos humanos en los Territorios Ocupados y que desde hace cinco años se encarga de llevar ante el Tribunal Supremo del país a todo aquel que ataque a los palestinos, sea colono, militar o político. Son israelíes, son judíos, pero ante todo son abogados con un profundo sentido de esa justicia que tanto echan en falta al otro lado del muro. A llenar el vacío legal que rodea a sus vecinos-enemigos es a lo que dedican su tiempo, cuando acaban los casos de rutina. Asistencia letrada e informes de denuncia son sus armas para equilibrar la balanza de esta dama ciega.
Yesh Din (“Existe la Ley”, en hebreo) sigue siendo noticia estos días en Israel porque el pasado 22 de diciembre se produjo un robo en sus oficinas centrales, en Tel Aviv. Han desaparecido pen-drives y documentos en papel, pero no se ha forzado ni una puerta. Temen que un infiltrado de ultraderecha haya hecho de topo en la organización y les haya jugado una mala pasada. La Policía no tiene pistas, pero las amenazas van a más. ”Estamos en una fase nueva y peligrosa del asalto a las organizaciones de derechos humanos en Israel”, denuncia Sfard. Los nombres de los abogados de la ONG han aparecido publicados en revistas financiadas con dinero de las colonias ilegales en Cisjordania y desde su creación, en 2005, reciben periódicamente anónimos amenazantes que se han intensificado y recrudecido en los últimos meses. “Si aprietan su cerco, nosotros forzaremos el nuestro”, lanza desafiante Ziv Stahl, del equipo de asesores de la asociación. El apoyo creciente de prominentes personalidades (ex ministros, artistas, fiscales y militares retirados) y hasta de la Comisión Europea han puesto a la entidad en el punto de mira de la venganza. Eso, y sus victorias en cadena en los tribunales israelíes.
La más reciente es la lograda con la condena de Zvi Struck, un joven colono condenado por secuestrar a un niño palestino de 15 años. A falta de conocer la pena total, ha sido declarado culpable de asalto, agresión con agravantes, secuestro con lesiones y abuso de animales. El condenado se encaró con el adolescente porque estaba pastoreando “en lo que él consideraba suelo judío”, en la localidad cisjordana de Kusra. El menor fue golpeado, apuntado con un rifle, atado a un tractor y arrastrado por el campo, desnudado, amarrado a un árbol y abandonado inconsciente. A su lado, Struck y su ayudante (que no ha sido identificado aún) dejaron un cordero muerto. El colono ya había apaleado al mismo niño meses antes por el mismo motivo. Tres años ha tardado el proceso en fructificar, pero la condena ya no es recurrible. Sfard explica que el fallo ha sido especialmente trascendente porque la madre del acusado es una de las principales defensoras de los derechos de los colonos. “Un derecho entendido desde la visión parcial y excluyente de los que han quitado la tierra a su legítimo dueño”, abunda el abogado israelí. Según datos de la asociación corroborados por la ONU, el 90% de las denuncias que interponen los palestinos por violación de cualquiera de sus derechos quedan en nada, bien sin condena, bien sin investigación siquiera. Ahí está Yesh Din: “Sabemos que no ponemos más que un grano de arena, que las grandes injusticias siguen reinando en Israel, ¿pero cómo no intentarlo siquiera? No podemos rendirnos ante la violación de libertades o el robo de territorio. El derecho internacional básico ya nos da fundamentos suficientes para actuar, pero es que las leyes de Israel nos dan la razón y abundan en los preceptos que defendemos. La contradicción para un israelí no debería ser que nosotros ayudemos a los palestinos, sino que nuestros tribunales empleen un rasero diferente para una persona u otra en función de dónde nació y qué bandera lleva”, resume Zachary Shlomy, otro de los componentes del equipo, “judío hasta en el nombre”, señala jocoso.
Cumplidor del shabbat, maldice en yiddish cuando rememora los sinsabores de su batalla, los casos estancados, bloqueados por una justicia “absolutamente imbricada con la política cuando de los Territorios Palestinos se trata” y que “olvida la separación de poderes y la igualdad del ser humano ante la ley”. El ejemplo más doloroso con que explica sus fracasos es el del ataque a dos jóvenes árabes de 19 años en Awarta, cerca de Naplusa, cuando iban al campo a trabajar con sus padres. Fueron tiroteados por los soldados de un puesto de vigilancia cercano y uno de ellos murió. El Supremo israelí va a archivar el caso, porque entiende “justificada” la actuación de los militares. Las IDF explicaron que las víctimas iban “disfrazadas de agricultores” y que con sus balas lo que hicieron fue “repeler un ataque terrorista”. Los aperos de labranza que portaban los jóvenes han sido catalogados como “armas” del atentado frustrado. Fin del caso. Shlomy sostiene que las pruebas que ha aportado Yesh Din son concluyentes, pero suspira y reconoce que todo depende en última instancia “de la sensibilidad del juez” y de “la complicidad del fiscal con la verdad”.
La frustración es mayor debido al esfuerzo que despliega la asociación para hacer acopio de casos, de documentos, de testimonios, pruebas en general, que sustenten sus argumentos. Los israelíes tienen vetado el acceso a los Territorios, por lo que se valen de voluntarios árabes para pasar papeles a Palestina, o se envían cartas desde Estados Unidos o Reino Unido, aprovechan falsas citas médicas para encontrarse con palestinos que cruzan a Jerusalén… No siempre ven con sus propios ojos lo que ocurre, pero confían en sus defendidos, “por supuesto”. “Hay compañeros que defienden a hombres que matan a su familia o a ladrones que esquilman a un banco, pero tienen reparos en hacer lo mismo con un palestino. A veces los escrúpulos están alterados en este país”, abunda Lev Avisar, otro de los letrados más activos del grupo.
Las colonias y sus consecuencias centran su actividad de estos meses en la Corte Suprema de Israel, última fase de alegaciones posible. Suyo es el informe que denunció más de 40 actos de sabotaje a la campaña de la aceituna en Cisjordania, con árboles quemados y envenenados, tocones arrancados y olivas robadas por parte de los colonos en suelo palestino, especialmente en el área de Nablus, Farata o Burqa. Suya la denuncia contra el Ejército y el Consejo de Samaria (una especie de gobernador de las colonias) por impedir a los habitantes de Yusuf y sus alrededores acceder de forma libre y segura a las tierras donde cultivan higos y aceitunas; hay barreras y cercas ilegales, los soldados escoltan a los colonos de Tapuach mientras intimidan a los palestinos y miran a otro lado si se emplea la fuerza o el insulto, denuncian. “Ayudan a los infractores en sus prácticas ilegales en vez de ayudar a las víctimas. Es sólo un ejemplo de la incompetencia de las autoridades israelíes. Y los vecinos llevan una década así”, lamenta Avisar.
En Modi´in Illit, la pugna es por derribar varias oficinas públicas, pagadas con dinero de los contribuyentes israelíes, entre ellas una comisaría y una estación de bomberos, todo sobre suelo de la aldea palestina de Nilin. “Es absurdo. Un grupo de edificios de autoridades que atienden la aplicación de las leyes se basa justamente en un flagrante desprecio por la ley, levantado sin permiso de obra, a la vista de todos, durante 10 años, y con varias órdenes de demolición que no se han cumplido. La Policía se ha aliado con los colonos y comete sus mismas tropelías. Han dejado de perseguir a los ladrones y ahora actúan como ellos”, acusa Sfard, en un discurso tan duro que le ha costado perder a varios de sus clientes por ser “pro-palestino o antisemita, que para ellos es igual”. Las represalias en el trabajo son “notables”, reconoce, y han bajado los casos, pero las ayudas de entidades colaboradoras como los Gobiernos de Holanda, Irlanda, Alemania y Reino Unido, y ONG como Oxfam, les mantienen a flote.
Lo más importante, destacan, es la “fuerza” que están tomando en la calle, en las instituciones, en los centros de poder, pese al vacío que oficialmente se les hace. Sólo gracias a la colaboración de gente de dentro han logrado saber –valga de muestra- que en Dir Nizam no hay ningún yacimiento arqueológico de impagable valor histórico y que, por tanto, la zona no debe estar acotada sino abierta y en pleno uso de sus propietarios. La historia es “retorcidamente sencilla”, define Avisar: los colonos cierran el paso a un manantial asegurando que se halla en zona de valor arqueológico, lo que les ha permitido tomar el uso de una tierra de propiedad palestina. La fuente de Al-Kis, junto al asentamiento de Neve Tzuf, es un área tradicional agrícola que, desde la pasada primavera, se llena de colonos haciendo pic-nics. Han colocado una barrera para impedir el paso a los legales propietarios del suelo y afirman que es terreno protegido. Sólo la sintonía con determinados funcionarios ha permitido que Yesh Din demuestre que no existe tal declaración de zona arqueológica, que el cartel que luce el terreno es falso y que “sencillamente se trata de complicar la subsistencia agrícola de los palestinos y de buscar un nuevo foco de conflicto”. Han logrado el papel que desmiente el caso, pero el Estado sigue impidiendo el paso a los jornaleros. “Es una excusa, una decisión parcial e irracional”, denuncia la asociación. Y en esas andan, enredados en los tribunales para impedir un nuevo paso, pequeño pero dramático, en la humillación de los palestinos. “Es la única manera de poder mirar en un futuro a los ojos de nuestros vecinos sin sentir vergüenza, es la única manera de sentirme realmente abogado y humano”, defiende Avisar mientras suena el teléfono. Es la Policía. Siguen sin pistas del robo. Ahora seguirán golpeando los nudillos contra un muro, pero con el miedo en el cuerpo. La incógnita está en saber si logrará pararlos.
Yesh Din (“Existe la Ley”, en hebreo) sigue siendo noticia estos días en Israel porque el pasado 22 de diciembre se produjo un robo en sus oficinas centrales, en Tel Aviv. Han desaparecido pen-drives y documentos en papel, pero no se ha forzado ni una puerta. Temen que un infiltrado de ultraderecha haya hecho de topo en la organización y les haya jugado una mala pasada. La Policía no tiene pistas, pero las amenazas van a más. ”Estamos en una fase nueva y peligrosa del asalto a las organizaciones de derechos humanos en Israel”, denuncia Sfard. Los nombres de los abogados de la ONG han aparecido publicados en revistas financiadas con dinero de las colonias ilegales en Cisjordania y desde su creación, en 2005, reciben periódicamente anónimos amenazantes que se han intensificado y recrudecido en los últimos meses. “Si aprietan su cerco, nosotros forzaremos el nuestro”, lanza desafiante Ziv Stahl, del equipo de asesores de la asociación. El apoyo creciente de prominentes personalidades (ex ministros, artistas, fiscales y militares retirados) y hasta de la Comisión Europea han puesto a la entidad en el punto de mira de la venganza. Eso, y sus victorias en cadena en los tribunales israelíes.
La más reciente es la lograda con la condena de Zvi Struck, un joven colono condenado por secuestrar a un niño palestino de 15 años. A falta de conocer la pena total, ha sido declarado culpable de asalto, agresión con agravantes, secuestro con lesiones y abuso de animales. El condenado se encaró con el adolescente porque estaba pastoreando “en lo que él consideraba suelo judío”, en la localidad cisjordana de Kusra. El menor fue golpeado, apuntado con un rifle, atado a un tractor y arrastrado por el campo, desnudado, amarrado a un árbol y abandonado inconsciente. A su lado, Struck y su ayudante (que no ha sido identificado aún) dejaron un cordero muerto. El colono ya había apaleado al mismo niño meses antes por el mismo motivo. Tres años ha tardado el proceso en fructificar, pero la condena ya no es recurrible. Sfard explica que el fallo ha sido especialmente trascendente porque la madre del acusado es una de las principales defensoras de los derechos de los colonos. “Un derecho entendido desde la visión parcial y excluyente de los que han quitado la tierra a su legítimo dueño”, abunda el abogado israelí. Según datos de la asociación corroborados por la ONU, el 90% de las denuncias que interponen los palestinos por violación de cualquiera de sus derechos quedan en nada, bien sin condena, bien sin investigación siquiera. Ahí está Yesh Din: “Sabemos que no ponemos más que un grano de arena, que las grandes injusticias siguen reinando en Israel, ¿pero cómo no intentarlo siquiera? No podemos rendirnos ante la violación de libertades o el robo de territorio. El derecho internacional básico ya nos da fundamentos suficientes para actuar, pero es que las leyes de Israel nos dan la razón y abundan en los preceptos que defendemos. La contradicción para un israelí no debería ser que nosotros ayudemos a los palestinos, sino que nuestros tribunales empleen un rasero diferente para una persona u otra en función de dónde nació y qué bandera lleva”, resume Zachary Shlomy, otro de los componentes del equipo, “judío hasta en el nombre”, señala jocoso.
Cumplidor del shabbat, maldice en yiddish cuando rememora los sinsabores de su batalla, los casos estancados, bloqueados por una justicia “absolutamente imbricada con la política cuando de los Territorios Palestinos se trata” y que “olvida la separación de poderes y la igualdad del ser humano ante la ley”. El ejemplo más doloroso con que explica sus fracasos es el del ataque a dos jóvenes árabes de 19 años en Awarta, cerca de Naplusa, cuando iban al campo a trabajar con sus padres. Fueron tiroteados por los soldados de un puesto de vigilancia cercano y uno de ellos murió. El Supremo israelí va a archivar el caso, porque entiende “justificada” la actuación de los militares. Las IDF explicaron que las víctimas iban “disfrazadas de agricultores” y que con sus balas lo que hicieron fue “repeler un ataque terrorista”. Los aperos de labranza que portaban los jóvenes han sido catalogados como “armas” del atentado frustrado. Fin del caso. Shlomy sostiene que las pruebas que ha aportado Yesh Din son concluyentes, pero suspira y reconoce que todo depende en última instancia “de la sensibilidad del juez” y de “la complicidad del fiscal con la verdad”.
La frustración es mayor debido al esfuerzo que despliega la asociación para hacer acopio de casos, de documentos, de testimonios, pruebas en general, que sustenten sus argumentos. Los israelíes tienen vetado el acceso a los Territorios, por lo que se valen de voluntarios árabes para pasar papeles a Palestina, o se envían cartas desde Estados Unidos o Reino Unido, aprovechan falsas citas médicas para encontrarse con palestinos que cruzan a Jerusalén… No siempre ven con sus propios ojos lo que ocurre, pero confían en sus defendidos, “por supuesto”. “Hay compañeros que defienden a hombres que matan a su familia o a ladrones que esquilman a un banco, pero tienen reparos en hacer lo mismo con un palestino. A veces los escrúpulos están alterados en este país”, abunda Lev Avisar, otro de los letrados más activos del grupo.
Las colonias y sus consecuencias centran su actividad de estos meses en la Corte Suprema de Israel, última fase de alegaciones posible. Suyo es el informe que denunció más de 40 actos de sabotaje a la campaña de la aceituna en Cisjordania, con árboles quemados y envenenados, tocones arrancados y olivas robadas por parte de los colonos en suelo palestino, especialmente en el área de Nablus, Farata o Burqa. Suya la denuncia contra el Ejército y el Consejo de Samaria (una especie de gobernador de las colonias) por impedir a los habitantes de Yusuf y sus alrededores acceder de forma libre y segura a las tierras donde cultivan higos y aceitunas; hay barreras y cercas ilegales, los soldados escoltan a los colonos de Tapuach mientras intimidan a los palestinos y miran a otro lado si se emplea la fuerza o el insulto, denuncian. “Ayudan a los infractores en sus prácticas ilegales en vez de ayudar a las víctimas. Es sólo un ejemplo de la incompetencia de las autoridades israelíes. Y los vecinos llevan una década así”, lamenta Avisar.
En Modi´in Illit, la pugna es por derribar varias oficinas públicas, pagadas con dinero de los contribuyentes israelíes, entre ellas una comisaría y una estación de bomberos, todo sobre suelo de la aldea palestina de Nilin. “Es absurdo. Un grupo de edificios de autoridades que atienden la aplicación de las leyes se basa justamente en un flagrante desprecio por la ley, levantado sin permiso de obra, a la vista de todos, durante 10 años, y con varias órdenes de demolición que no se han cumplido. La Policía se ha aliado con los colonos y comete sus mismas tropelías. Han dejado de perseguir a los ladrones y ahora actúan como ellos”, acusa Sfard, en un discurso tan duro que le ha costado perder a varios de sus clientes por ser “pro-palestino o antisemita, que para ellos es igual”. Las represalias en el trabajo son “notables”, reconoce, y han bajado los casos, pero las ayudas de entidades colaboradoras como los Gobiernos de Holanda, Irlanda, Alemania y Reino Unido, y ONG como Oxfam, les mantienen a flote.
Lo más importante, destacan, es la “fuerza” que están tomando en la calle, en las instituciones, en los centros de poder, pese al vacío que oficialmente se les hace. Sólo gracias a la colaboración de gente de dentro han logrado saber –valga de muestra- que en Dir Nizam no hay ningún yacimiento arqueológico de impagable valor histórico y que, por tanto, la zona no debe estar acotada sino abierta y en pleno uso de sus propietarios. La historia es “retorcidamente sencilla”, define Avisar: los colonos cierran el paso a un manantial asegurando que se halla en zona de valor arqueológico, lo que les ha permitido tomar el uso de una tierra de propiedad palestina. La fuente de Al-Kis, junto al asentamiento de Neve Tzuf, es un área tradicional agrícola que, desde la pasada primavera, se llena de colonos haciendo pic-nics. Han colocado una barrera para impedir el paso a los legales propietarios del suelo y afirman que es terreno protegido. Sólo la sintonía con determinados funcionarios ha permitido que Yesh Din demuestre que no existe tal declaración de zona arqueológica, que el cartel que luce el terreno es falso y que “sencillamente se trata de complicar la subsistencia agrícola de los palestinos y de buscar un nuevo foco de conflicto”. Han logrado el papel que desmiente el caso, pero el Estado sigue impidiendo el paso a los jornaleros. “Es una excusa, una decisión parcial e irracional”, denuncia la asociación. Y en esas andan, enredados en los tribunales para impedir un nuevo paso, pequeño pero dramático, en la humillación de los palestinos. “Es la única manera de poder mirar en un futuro a los ojos de nuestros vecinos sin sentir vergüenza, es la única manera de sentirme realmente abogado y humano”, defiende Avisar mientras suena el teléfono. Es la Policía. Siguen sin pistas del robo. Ahora seguirán golpeando los nudillos contra un muro, pero con el miedo en el cuerpo. La incógnita está en saber si logrará pararlos.
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