sábado, 12 de marzo de 2011

El Gobierno remite a las Cortes acuerdo para el voto de surcoreanos en las municipales

ESTADO ESPAÑOL

Migrantes


El Consejo de Ministros ha aprobado remitir a las Cortes para su aprobación el acuerdo para que los ciudadanos surcoreanos residentes en España puedan votar en las elecciones municipales y viceversa en el caso de los españoles en Corea del Sur.

Este acuerdo forma parte de los quince que se vienen negociando, en régimen de reciprocidad, con aquellos países que ya reconocen el derecho de voto a los ciudadanos españoles. Además de Corea del Sur, se viene trabajando en el mismo sentido con Argentina, Bolivia, Cabo Verde, Colombia, Chile, Ecuador, Islandia, Noruega, Nueva Zelanda, Paraguay, Perú, Trinidad y Tobago, y Uruguay.

Según el acuerdo, podrán votar en las municipales los surcoreanos que hayan residido en España, legal e ininterrumpidamente durante, al menos, los cinco años anteriores a su solicitud de inscripción en el censo electoral, y deberán hacerlo en el municipio de su residencia habitual.

Los españoles podrán votar en Corea del Sur si tienen 19 años o más y han residido en ese país de forma permanente edad mínima como mínimo durante los tres años anteriores a la fecha de inscripción en el censo electoral.

El Gobierno dota el Fondo de Integración de Inmigrantes con 66 millones de euros, un mínimo histórico

ESTADO ESPAÑOL

Migrantes


El Consejo de Ministros ha aprobado a propuesta del Ministerio de Trabajo e Inmigración dotar el Fondo para la Acogida, Integración y Refuerzo Educativo de los Inmigrantes con 66,6 millones de euros para este año, cifra que supone cuatro millones menos que en el ejercicio de 2010 y que marca un mínimo histórico en la dotación de esta partida.

Este fondo, creado en 2005 para reforzar el presupuesto de las comunidades autónomas en la integración de sus vecinos extranjeros, se ha ido recortando progresivamente en los últimos ejercicios presupuestarios. Así, mientras que entre 2005 y 2008 el fondo pasó de 120 a 200 millones de euros, en 2009 se redujo a 100 millones, en 2010 contó con 70 y, este ejercicio, tendrá un total de 66,6.

Según explica el Gobierno, aunque en la actualidad "ha disminuido el incremento de la población inmigrante, en materia de integración sigue siendo necesaria la colaboración entre las distintas Administraciones públicas para garantizar la cohesión social y la equiparación de derechos y obligaciones de la población inmigrante y autóctona, dentro del marco de la Constitución", por lo que se ha aprobado esta partida.

El fondo se articula en tres partidas. La primera, de Acogida e Integración, recibirá este año un total de 39,6 millones euros, mientras que el montante destinado a Refuerzo Educativo será de 26,4 millones y se emplearán 536.960 euros en la Atención a menores extranjeros no acompañados desplazados desde Canarias.

Para la distribución por comunidades autónomas, en mayeria de Acogida e integración se establece una asignación básica para cada región (10%). No obstante, las zonas con mayor presión migratoria --Andalucía, Illes Balears, Canarias, Catalunya, Comunidad Valenciana, Comunidad de Madrid y Murcia, así como las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla-- recibirán además, un 25 por ciento. El resto se repartirá en función de la cantidad de inmigrantes de cada comunidad.

En cuanto a la partida de Refuerzo Educativo, se asigna en función de los siguientes criterios: el número total de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria por Comunidad Autónoma y el número de alumnado inmigrante escolarizado en enseñanza no universitaria procedente de países no castellanohablantes por cada región.

Así las cosas, Cataluña será la que reciba más fondos, con 14,9 millones, seguida de Madrid (13,4), Andalucía (7,7), Comunidad Valenciana (7,2), Murcia (4,1) y Canarias (3,2). Aragón recibirá 2,1 millones; Asturias, 625.218 euros; Baleares, 2,1 millones; Cantabria, 589.789 euros; Castilla-La Mancha, 2,7 millones; Castilla y León, 2,07 millones; Extremadura, 700.992 euros; Galicia, 1,1 millones; Navarra, 566.123 euros; País Vasco, 893.007 euros; La Rioja, 768.177 euros; Ceuta, 381.551 euros; y Melilla, 432.497 euros.

- Un fondo polémico.

La dotación presupuestaria no ha estado exenta de polémica, especialmente desde que en 2008 el Gobierno consignó el Fondo por Real Decreto como una partida extraordinaria de 200 millones de euros a repartir entre comunidades autónomas, ayuntamientos y ONG especializadas en acogida a pie de playa.

En marzo de 2009 el Ministerio de Trabajo e Inmigración informó por carta a los responsables autonómicos en la materia de que sobre el presupuesto previsto se efectuaría un recorte del 30 por ciento motivado por la crisis económica, rebajando el importe de 200 millones a un total de 141. Sin embargo, respondiendo a las demandas del Congreso, el Senado, las Comunidades Autónomas y las ONG y asociaciones de inmigrantes, el Gobierno restituyó un mes después los 59 euros que se habían suprimido.

Con todo, en el diseño de los Presupuestos Generales del Estado para el año 2010, el Ejecutivo volvió a plantear una reducción del Fondo, esta vez del 50 por ciento, hasta una dotación de 100 millones de euros, por la menor llegada de inmigrantes a España y por el rediseño de las políticas de financiación local, que reforzarían el presupuesto de las Comunidades Autónomas para estos fines.

Finalmente, el Fondo quedó fijado en 70 millones, aunque el Congreso había pedido al Ejecutivo que restituyera la partida hasta los cien millones de euros anunciados previamente.

El subdelegado del Gobierno en Málaga afirma que el cadáver hallado en la playa podría ser de un inmigrante que fuera en patera

ANDALUCÍA

Migrantes


El subdelegado del Gobierno en Málaga, Hilario López Luna, ha confirmado este viernes que el cadáver encontrado flotando este jueves en avanzado estado de descomposición en la playa de La Carihuela, en el municipio malagueño de Torremolinos, "podría ser de algún inmigrante que viniera en patera".

López Luna, que ha visitado este viernes junto con el presidente de Renfe, Teófilo Serrano, la Base de Mantenimiento Integral de Renfe en Málaga, ha señalado que "lógicamente se va a investigar" y ha añadido que "no hay ningún desaparecido en Málaga que pudiera ser esta persona".

El cadáver del hombre, que iba indocumentado, apareció este pasado jueves, sobre las 14.00 horas. El cuerpo, que fue arrastrado por las olas hasta la playa, estaba vestido y llevaba un chaleco salvavidas.

El Comité de Apoyo al Tíbet recurrirá cuanto antes al Tribunal Supremo el archivo de la causa por la represión china en los Juegos Olímpicos

MUNDO

Derechos Humanos


El Comité de Apoyo al Tíbet, la Fundación Casa del Tíbet y Thubten Wangchen Serpa recurrirán lo antes posible ante el Tribunal Supremo el archivo por parte de la Audiencia Nacional de la investigación que se venía desarrollando contra tres ministros y cinco altos cargos chinos por su presunta implicación en la represión que se produjo en Tíbet en marzo de 2008, cuatro meses antes de la celebración de los Juegos Olímpicos de Pekín, según ha informado a Europa Press el portavoz del Comité.

El alto tribunal ha dictado éste viernes un auto en el que permite a los tres demandantes cursar el recurso, en contra del criterio de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, que tras confirmar el archivo inicial de las investigaciones por parte del juez Santiago Pedraz había impedido a las acusaciones poder recurrir esta decisión ante el Tribunal Supremo.

La razón de Pedraz para dejar de investigar los hechos fue el cambio de normativa respecto a la jurisdicción universal, al no existir en esta causa víctimas españolas ni encontrarse los presuntos responsables en territorio nacional.

En el auto dado a conocer este viernes, cuyo ponente ha sido el magistrado Miguel Colmenero, el Tribunal Supremo no entra a resolver el fondo de la cuestión, es decir, si España debe seguir investigando esta causa de genocidio, sino que se limita a señalar que los querellantes tienen derecho a que el archivo de las investigaciones sea revisado en esta alta instancia.

Cantos ha calificado la decisión del alto tribunal como "una buenísima noticia" y aseguró que las acusaciones llevan "mucho tiempo esperando algo así". " Nuestros argumentos son abrumadores", ha añadido.

- Cuestión de "importancia".

"La excepcionalidad y especial importancia de la cuestión en cuanto que afecta a la extensión espacial de la jurisdicción de los Tribunales del Estado Español harían razonable que la decisión final correspondiera al Tribunal Supremo, como órgano jurisdiccional superior en todos los órdenes, salvo lo dispuesto en materia de garantías constitucionales", señala la resolución.

El caso del genocidio en el Tíbet fue archivado por el juez Central de Instrucción número 1, en febrero de 200. El juez Pedraz adoptó esta decisión en aplicación de la limitación del principio de jurisdicción universal que entró en vigor en 2009, que a su juicio "afectaría al posterior enjuiciamiento" del caso, por lo que resultaría "carente de sentido" continuar con una investigación que no podría finalizar con la celebración de la vista oral.

En concreto, la modificación del principio de justicia penal internacional, que fue aprobada en las Cortes por PSOE, PP, PNV, CiU, ERC y UPyD, establece como requisitos para que la Audiencia Nacional pueda asumir una causa sobre genocidio y lesa humanidad que sus presuntos responsables "se encuentren en España", que existan víctimas "de nacionalidad española", que se constate algún vínculo de "conexión relevante" con nuestro país y que el caso no haya sido investigado por otro tribunal.

Los tres ministros imputados eran el titular de Defensa, Lian Guanglie; el de Seguridad del Estado y viceministro de Seguridad, Geng Huichang; y el de Seguridad Pública, Meg Jianzhu. Además, la acción penal se dirigía contra el secretario del Partido Comunista chino en la Región Autónoma de Tíbet, Zhang Qingli; el miembro activo del 'Politburó' en Beijing, Wang Lequan; el líder de la Comisión de Asuntos Etnicos, Li Dezhu; el general Tong Guishan, comandante del Ejército de Liberación Popular de la capital del Tíbet (Lhasa); y el general Zhan Guihua, comisario político del comando militar de Chengdu.

La querella fue presentada por el Comité de Apoyo al Tíbet (CAT), la Fundación Privada Casa del Tíbet y la asociación Thubten Wangcheg Sherpa Sherpa, que denunciaron que tres días antes de que comenzaran los Juegos Olímpicos de Pekín se produjeron "delitos de lesa humanidad cometidos contra la población tibetana".

Según sus cálculos, la actuación del Ejército chino provocó "al menos 203 muertos, más de 1.000 lesionados graves y 5.972 detenidos ilegales y desaparecidos".

- "Matanza sistemática y generalizada".

Según los querellantes, los ocho altos cargos del Gobierno chino dirigieron "una matanza sistemática y generalizada" contra la población tibetana así como la realización de "lesiones graves, torturas y desapariciones forzadas" que fueron cometidas desde el 10 de marzo de 2008.

En su escrito, les imputaba "la supuesta causación intencionada de muerte o legiones graves, la desaparición forzada, la detención y privación de libertad con infracción de las normas internacionales al efecto y las torturas denunciadas", lo que convertiría al pueblo tibetano en "un grupo o colectivo perseguido" por las autoridades chinas "por motivos políticos, raciales, nacionales, étnicos, culturales, religiosos o de género, u otros motivos universalmente reconocidos como inaceptables con arreglo al derecho internacional".

El primer ministro turco rechaza el informe del parlamento europeo sobre la falta de avances en Derechos Humanos

MUNDO

Derechos Humanos


El primer ministro turco, Tayyip Erdogan, ha criticado el informe del Parlamento Europeo, en el que se denuncia el deterioro de la libertad de prensa y los derechos de las mujeres en el país, que ha calificado de parcial y ha acusado a las personas que lo han escrito de no conocer el país.

"No hay equilibrio en este informe. Disculpadme, pero creo que las personas que han realizado este documento tampoco son ecuánimes", declaró en rueda de prensa el jueves.

El Parlamento Europeo advirtió el miércoles la "lenta" evolución de Turquía en materia de Derechos Humanos y en la aplicación de reformas a la hora de introducir cambios para formar parte de la Unión Europea.

En el informe se señala el estancamiento de la situación entre Chipre y Turquía, la falta de diálogo entre los partidos políticos turcos y el debilitamiento de la libertad de prensa.

Además, los eurodiputados reclaman de manera urgente un cambio "global" de la Carta Magna que dé garantías de la defensa de los derechos y libertades de los turcos. "El gobierno y la oposición turcos tienen una gran responsabilidad, deben buscar el éxito de las reformas", según defendió la ponente del informe, porque "los controles y el equilibrio entre los poderes son la base de la democracia".

Ergogan, que forma parte del partido islámico AK (Partido de la Justicia y el Desarrollo) que niega que pretenda acabar con el laicismo del Estado, aseguró que los 27 periodistas detenidos eran sospechosos de pertenecer a organizaciones terroristas, y no por sus escritos.

El primer ministro, que ha mostrado su impaciencia por los lentos progresos conseguidos a la hora de unirse al bloque desde el inicio de las negociaciones en 2005, aseguró que no necesitaba prestar atención al informe del Parlamento y que Turquía seguiría por su propio camino.

Erdogan aseguró que el informe no describe el estado de la libertad de prensa en Turquía y estaba "lejos de reflejar la realidad" del país, según declaraciones recogidas por la agencia Anatolian.

Turquía celebrará elecciones en junio, y las encuestas muestran que el AK conseguirá un tercer mandato con mayoría parlamentaria. Si vuelve a ganar, el partido islamista planea realizar una nueva constitución para remplazar la actual, aprobada a principios de la década de 1980 bajo orden militar.

ACNUR pide que se acelere el ritmo de evacuación de los desplazados libios

MUNDO

Migrantes



El Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) ha advertido este viernes de que los vuelos de evacuados libios que salen desde Túnez y Egipto no son suficientes para contrarrestar el flujo de desplazados que sigue entrando en ambos países.

Se calcula que más de 2.500 libios entran diariamente en Túnez y Egipto, mientras que sólo entre 800 y 1.200 abandonan ambos países en ese mismo período de tiempo, lo que ha creado un excedente de 17.000 personas, procedente de 25 países --en su mayor parte de Bangladesh-- que se concentra en el campo de refugiados fronterizo de Choucha.

Traducido a número de vuelos, ACNUR estima que serían necesarios otros 70 despegues adicionales cada día para aliviar la presión de desplazados, según explicó la portavoz del Alto Comisionado en Ginebra, Melissa Fleming.

Así, tanto ACNUR como la Organización Internacional para las Migraciones (IOM, por sus siglas en inglés), han pedido otra vez que Bangladesh y otros países asiáticos y del África subsahariana incrementen el número de aparatos destinados a recoger a los desplazados.

Hasta la fecha, cerca de 230.000 personas han abandonado Libia por culpa de los enfrentamientos armados en Libia entre rebeldes y el régimen de Muamar Gadafi. De ellos, 118.000 lo han hecho a través de la frontera de Túnez y otros 107.000 por Egipto. Argelia, país que recientemente ha anunciado la apertura de sus fronteras a los desplazados libios, alberga actualmente a 4.300 evacuados.

Mineros de EMED deciden en asamblea hacer indefinido su encierro

ANDALUCÍA

Clase trabajadora


Los mineros encerrados a 200 metros de profundidad en una mina de EMED Tartessus en Minas de Riotinto (Huelva), han decidido este viernes en una asamblea que mantendrán el encierro de manera indefinida hasta que se solucione la situación actual y la Junta de Andalucía tenga un posicionamiento "claro" hacia la reapertura de la mina.

El portavoz de los mineros, Andrés Tomás, ha indicado a Europa Press que la Junta de Andalucía "tiene que ser valiente y aprobar por vía administrativa la transmisión de los derechos mineros a EMED Tartessus". Por su parte, el secretario provincial de UGT Huelva, Jorge Puente, ha indicado que "no existe ningún tipo de impedimento que justifique la demora de la apertura de las minas".

Los mineros, encerrados desde hace dos días en un pozo minero de unos 200 metros de profundidad y con una humedad que ronda el 90 por ciento, aseguran estar con "buen ánimo, con un estado moral muy positivo y muy buena actitud psicológica".

Los mineros que velan por la seguridad de sus compañeros encerrados han establecido un protocolo de seguridad para evitar que se produzcan accidentes. Para ello, no se permite que haya más de seis personas en su interior, los cuales están dotados de un equipo de seguridad como cascos, botas o chalecos reflectantes, ya que la mina permanece cerrada desde 1987.