Política
Miguel José de la Peña, condenado a quince años de prisión por acuchillar al panadero Angel Berrueta, obtendrá el tercer grado en setiembre. La familia Berrueta y los vecinos de Donibane han denunciado la injusticia que se ha cometido.
La familia de Angel Berrueta y los vecinos de Donibane han denunciado la injusticia que se ha cometido con su caso. Aseguran que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida de prisión de Miguel José de la Peña, hijo del policía Valeriano de la Peña. Ambos fueron condenados a penas de 20 y 15 años de prisión por disparar y acuchillar al panadero iruindarra. Llevan más de un año disfrutando de permisos penitenciarios, "sin cumplir los mínimos que exige la ley".
Ninguno de los dos ha mostrado arrepentimiento jamás, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo según han denunciado.
Además, la ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan los intereses y las costas del juicio.
La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros, de una cifra total de 238.000.
Durante todo este tiempo, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por "asesinato" para expulsarle del cuerpo y sólo está suspendido.
La familia de Angel Berrueta y los vecinos de Donibane han denunciado la injusticia que se ha cometido con su caso. Aseguran que ya no hay batalla legal posible para frenar la salida de prisión de Miguel José de la Peña, hijo del policía Valeriano de la Peña. Ambos fueron condenados a penas de 20 y 15 años de prisión por disparar y acuchillar al panadero iruindarra. Llevan más de un año disfrutando de permisos penitenciarios, "sin cumplir los mínimos que exige la ley".
Ninguno de los dos ha mostrado arrepentimiento jamás, algo que Instituciones Penitenciarias exige a los presos políticos para modificar su grado, lo que supone un agravio comparativo según han denunciado.
Además, la ley exige que para obtener el tercer grado se tiene que haber cubierto la responsabilidad civil, y ésta no se ha subsanado. Sólo se ha pagado parte del monto principal en concepto de indemnizaciones y faltan los intereses y las costas del juicio.
La familia Berrueta asegura que se les deben aún unos 100.000 euros, de una cifra total de 238.000.
Durante todo este tiempo, Valeriano de la Peña ha seguido cobrando cada mes su sueldo como agente, ya que la Dirección General de la Policía y la Guardia Civil no ha considerado suficiente una condena por "asesinato" para expulsarle del cuerpo y sólo está suspendido.
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