Derechos Humanos
El Magistrado-Juez Central de Instrucción número Cuatro de la Audiencia Nacional española, Iltmo. Sr. D. Fernando Andreu Merelles, mediante Auto de seis de febrero de 2008, imputó al actual presidente de Ruanda, General Mayor Paul Kagame, los siguientes delitos: Delitos de genocidio, delitos de lesa humanidad, delitos contra las personas y bienes protegidos en caso de conflicto armado, integración en Organización Terrorista y actos terroristas.De Kagame ya hemos hablado aquí. Un “estadista” acusado del asesinato de los los misioneros españoles: Joaquim Vallmajo, Servando Mayor, Julio Rodríguez, Miguel Ángel Isla, Fernando de la Fuente e Isidro Uzcudun y los también ciudadanos españoles, Mª Flors Sirera, Manuel Madarazo y Luis Valtueña, miembros de la ONG Médicos del Mundo.
Cuando ya exisitía sobre Kagame, el “rey del Coltán”, un auto de procesamiento por el asesinato de nuestros compatriotas y las acusaciones más graves que se puedan dar en el derecho internacional, el presidente de Telefónica y la ex directora general de la Biblioteca Nacional decidieron, un buen día, colaborar con Kagame en una comisión presidida por él.
Claro que el copresidente de la comisión era el hombre más rico del mundo. ¿Quién se puede negar?. La Comisión para la promoción de la Banda Ancha de Slim y Kagame, por cierto, asesoraba a la ONU. Libia presidía hasta hace poco la Comisión de Derechos Humanos, que nadie se sorprenda.
Vaya tropa, lo que hay que aguantar. Luego los que han colaborado en la comisión de Kagame nos enviarán un folleto sobre responsabilidad social corporativa (RSC) y la colaboradora de Sinde pronunciará en algún discurso la palabra ética.
Pero nada comparado con la que ha revelado 20 Minutos sobre la actuación del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en relación con el auto de procesamiento contra los presuntos responsables de asesinato de nuestros compatriotas que incluye entre los acusados al propio Kagame.
El Gobierno despreció la causa judicial por el asesinato de nueve españoles en Ruanda, publicaba 20 Minutos la semana pasada en un gran titular. La Fiscalía, ya lo puedes imaginar, al servicio del gobierno de España, Ruanda y Estados Unidos. Pero hay más:
En mayo de 2008, Estados Unidos decidió presionar de una forma más activa. El embajador estadounidense de la Oficina de crímenes de guerra, Clint Williamson, viajó a Madrid y pidió expresamente que Moratinos llamara a su homóloga ruandesa, Rosemary Museminali, y le repitiera que la postura del Ejecutivo español era “diferente” a la de los jueces.
La fiscal llegó a afirmar que la causa fue investigada y tramitada sólo “para satisfacer a las familias”.
El senador Pere Sampol i Mas, uno de los pocos que votó contra la Ley Sinde, presentó una moción urgente ante las graves revelaciones de 20 Minutos. Pero la noticia no ha salido en el telediario. Claro que tampoco ha ocupado tiempo y espacio en el resto del periodismo tradicional o digital que todavía se pregunta por las razones de la perdida de su credibilidad.
La moción de Sampol insta al gobierno a colaborar con la Justicia Universal y a proponer, en la Unión Europea y en las Naciones Unidas, que se tomen las medidas necesarias para obligar al dictador ruandés, Paul Kagame, a liberar a todos los presos políticos, a permitir la celebración de unas elecciones libres, a que cese inmediatamente el programa de esterilización forzada de 700.000 hombres y a que deje de expoliar los recursos de la vecina República Democrática del Congo.
El senador balear afirma en su moción que las revelaciones publicadas por 20minutos.es demuestran lo que ya había quedado de manifiesto en todas las comparecencias parlamentarias de miembros del Gobierno: su desprecio por el Auto del magistrado Andreu, la complicidad con el Gobierno ruandés del dictador Paul Kagame y la sumisión a los deseos de Estados Unidos. La moción sigue diciendo:
WikiLeaks viene a confirmar las evidencias reflejadas en los diarios de sesiones del Senado. El desdén del Gobierno hacia el Auto judicial; el ensalzamiento del régimen ruandés, principal responsable del conflicto que ha causado el mayor número de víctimas desde la Segunda Guerra Mundial; el desprecio a las familias de las víctimas españolas, – aún hoy el presidente del Gobierno no se ha dignado a recibirlas -; incluso la falta de colaboración con la Justicia, -aún no sabemos si el Gobierno ha cursado la Comisión Rogatoria al secretario general de las Naciones Unidas, dictada por el magistrado Andreu en febrero de 2009.
Pero WikiLeaks revela algo más importante, aunque ya puesto en evidencia por los Autos judiciales del magistrado Andreu: la protección de Estados Unidos al régimen ruandés y sus maquinaciones para dejar impunes los gravísimos delitos denunciados. Ahora se entienden las difamaciones divulgadas por un “Grupo de Expertos del Consejo de Seguridad de las Naciones” contra Juan Carrero, activista mallorquín impulsor, junto a los familiares de las víctimas y otras organizaciones, de la querella criminal contra el Frente Patriótico Ruandés.
Hoy, cuando celebramos las “revoluciones” democráticas de Túnez, Egipto, Libia,… Cuando Estados Unidos condena al dictador Gadafi por reprimir a su pueblo y embarga sus bienes en Estados Unidos. Cuando la comunidad internacional toma represalias contra el régimen de Gadafi y brinda ayuda humanitaria a las zonas liberadas…, Paul Kagame, imputado por un Tribunal competente por los mayores crímenes contra la humanidad, sigue masacrando a su pueblo. Tiene a los líderes de la oposición encarcelados. Victoire Ingabire Umuhoza, lleva un año en la cárcel. Deogratias Musayidi, más tiempo. Ha asesinado a líderes como el vicepresidente del Partido de Los Verdes, así como a periodistas. Sigue practicando el pillaje de los recursos naturales del Este del Congo, masacrando a la población civil…
Y mientras la Comunidad internacional sigue amparándolo, está perpetrando la última fechoría. Según ha denunciado Steven W. Mosher, Presidente del Instituto de Investigación sobre la Población (Population Research Institute/PRI), Ruanda está preparando un programa de esterilización de 700.000 hombres, gracias a fondos recibidos de la Agencia para el Desarrollo Internacional de los Estados Unidos. Concretamente de Salud Interna International (IntraHealth International) y Salud Familiar International (Family Health International). Estas campañas tendrían por objeto diezmar la étnia hutu mayoritaria, acto calificado de genocidio por la Convención para la Prevención y sanción del delito de Genocidio.
20 Minutos ha ejercido el periodismo de verdad. Muy pocos con esta importante noticia lo han hecho. Resulta extraño el escaso eco. Aunque para muchos vendrá a confirmar la tesis de Julian Assange: “Los periodistas han dejado al Estado y a las grandes empresas salirse con la suya”.
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