Política
El rechazo de "todo tipo de violencia, incluida la de ETA", que Sortu reiteró ayer, desmontó uno de los principales argumentos esgrimidos por el Gobierno español, a través de la Abogacía del Estado, para reclamar al Tribunal Supremo que paralice el proceso de legalización de la nueva marca. Ayer mismo, el Alto Tribunal admitió a trámite la demanda de la Abogacía -que concluía que Sortu "es incapaz de condenar a ETA" por el silencio de sus representantes tras la detención el pasado martes de cuatro presuntos miembros de ETA- y dejó en suspenso el proceso para su inscripción en el registro de partidos del ministerio del Interior.
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que aseguró que, "tal y como señalan sus estatutos y ha sido reiterado por sus promotores, rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y muestra su compromiso en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia". En dichos actos incluyó "la violencia callejera", que reapareció en la noche del miércoles en Gasteiz, así como "los malos tratos y la tortura". De esta forma respondía a las tesis de la Abogacía, según la cual su rechazo a ETA es meramente "retórico e instrumental". Muy al contrario, Sortu afirma que el mismo es "nítido, firme y real".
La intensa jornada de ayer comenzó a las 10.00 horas, cuando el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentó en el Tribunal Supremo la demanda de los servicios jurídicos del Estado contra Sortu. El escrito echaba mano del silencio que, hasta entonces, habían mantenido sus miembros respecto al arresto el martes en Bilbao y Galdakao de cuatro presuntos miembros de ETA. El Gobierno español concluía por tanto que las nuevas siglas de la izquierda aber-tzale oficial "son incapaces de condenar a ETA".
Tan solo cinco horas después, la Sala del 61 del Alto Tribunal admitió a trámite la demanda y suspendió el proceso para su inscripción en el registro de formaciones políticas, tal y como prevé la Ley de Partidos. Asimismo, emplazó a Sortu a formular las alegaciones que estime oportunas. El siguiente paso corresponde a la Fiscalía General del Estado, que, previsiblemente, presentará el próximo lunes su propia demanda contra la incorporación de Sortu al marco de la legalidad. El Tribunal Supremo acumulará entonces ambas reclamaciones y contará con un plazo de mes y medio para emitir una resolución, justo el límite establecido por la Ley Electoral para presentar candidaturas a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.
La Abogacía esgrimía la no respuesta de Sortu a la detención de cuatro supuestos activistas de ETA para aseverar que "Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA, como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos cometida por un comando de dicha organización".
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que achacó el paso adoptado por la Abogacía del Estado a "una decisión política que niega los derechos fundamentales de los ciudadanos". Respecto a la exigencia que el Gobierno español y la gran mayoría de partidos políticos le han trasladado para que se pronuncie sobre la última operación policial, consideró "cuanto menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político son los que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos".
En la nota, justificó además su silencio sobre los arrestos recordando que "desde el momento de su presentación, Sortu decidió mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios" y que "el día que sea una organización legal" se postulará "sin ningún género de dudas". Concluye haciendo hincapié en "el gran apoyo" que está recibiendo desde múltiples sectores, agregando que su legalización "es deseada y solicitada por la gran mayoría de la sociedad vasca e incluso por amplios sectores de la sociedad española".
- El Gobierno presenta un informe contradictorio y especulativo.
Acusaciones tan sonoras como que «ETA es motor y parte actora principal» de la constitución de Sortu no se apoyan en ninguna prueba física; son suposiciones o hipótesis policiales sin nada que lo demuestre. El otro argumento, el de la continuidad, se pierde en un laberinto de contradicciones.
Iñaki IRIONDO/ Gara
Tras analizar los informes policiales, el Gobierno español ha llegado a la conclusión de que Sortu es un partido constituido por la izquierda abertzale. Para eso, en todo caso, no hacía falta molestar a ni un solo policía. Bastaba con ver la televisión o leer la prensa. De hecho, como figura en el informe de la Abogacía del Estado, los propios estatutos del nuevo partido recogen que son fruto de un «proceso de debate interno» que «ha realizado la izquierda abertzale». Por ese lado no han tenido que trabajar demasiado.
El trabajo viene a la hora de determinar si, como dicen también los estatutos, Sortu rompe con las fórmulas empleadas en el pasado por la izquierda abertzale y por las que el Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna. Y ahí es cuando la Abogacía del Estado empieza a patinar.
Dice en su demanda que «si son la Izquierda Abertzale/Batasuna reconvertida a la no violencia y al repudio del terrorismo, ningún problema habría para que sus más conocidos representantes (quizás excluyendo a los que se encuentran en prisión por su apoyo al terrorismo) promoviesen, constituyesen y presentasen el partido, mas el reflejo de anteriores intentos de fraude hace que, como es usual, se acuda a personas que al menos abiertamente no presenten excesivos o al menos no muy visibles vínculos con los partidos ilegalizados».
Ésa podría ser una línea de argumentación. Endeble, casi sicoanalítica, pero una línea al menos. Sin embargo, la propia Abogacía corre a cargársela cuando, a párrafo seguido, dice que «en los actos de presentación pública» de la nueva formación «ha intervenido un nutrido grupo de personas como apoyo a los promotores, a modo de presentadores o promotores materiales del partido» que sí son los que denomina como «sus más conocidos representantes». Y cita a Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin y otros ex mahaikides que asistieron al acto del Euskalduna.
¿En qué quedamos entonces? ¿Es un intento de fraude porque no hay caras conocidas o porque sí las hay? Lo uno o lo otro.
Por cierto, la Abogacía del Estado se hace otro enorme lío con el acto del 7 de febrero en el Euskalduna en el que Etxeberria e Iruin presentaron las bases del nuevo partido. Habla de que, de las personas que «arroparon a los dos ponentes», 19 han tenido cargos en HB, 7 han sido cargos electos, 15 candidatos, 3 han formado parte de «algunas estructuras de ETA»... Pero no menciona cuántos eran parlamentarios del PNV, dirigentes de Aralar, cargos de EA, miembros de EB, sindicalistas de ELA, directivos de medios de comunicación, jueces, etc.
Y, lo más importante, olvida que esas personas no estaban arropando a nadie, sino que habían sido invitadas por escrito a un acto que había organizado Lokarri. Es decir, formaban parte del público.
Tampoco parece que el Gobierno sepa muy bien qué hacer para refutar la evidencia de que Sortu rechaza la violencia de ETA. Según aduce, esto no demuestra nada porque «ETA no se ha disuelto» y luego habla largamente de los comunicados de la organización armada hasta concluir que «con lo anterior quiere decirse que el intento de constitución de un nuevo partido forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal». ¿Alguna prueba?¿Algún escrito? Nada. Sólo que en algo más de un mes se han sucedido el comunicado de alto el fuego, la presentación de Sortu y la reunión en Bilbo del Grupo Internacional de Contacto.
La Abogacía también afirma categórica que «el rechazo estatutario del terrorismo es cosmético, retórico e instrumental, no real». Y para intentar demostrarlo divaga sobre que ETA ha solido tomarse muy mal las deserciones y las escisiones -y ahí mezcla desde la muerte de Yoyes hasta las críticas a Aralar- y sobre Sortu todavía no ha dicho nada, lo que interpreta como «complacencia de ETA» con este «(aparente) distanciamiento».
El Gobierno acusa a la izquierda abertzale de no haber rechazado acciones de ETA cuando ya tenía avanzado su proceso de debate y para ello no duda en recortar y manipular el comunicado que hizo público cuando se conoció la muerte del gendarme Jean-Serge Nérin. No recoge que la izquierda abertzale insistió entonces en que el proceso debe llevarse adelante «por medios políticos y democráticos», y le pidió a ETA que «debería ratificarse en su posición favorable al desarrollo de un Proceso Democrático» y «tomar compromisos claros y concretos respecto a dicho proceso». También ignora interesadamente que días después le instó a «responder de forma constructiva a la Declaración de Bruselas», en la que se le pedía «un alto el fuego permanente y completamente verificable».
Surrealista resulta la conclusión que la Abogacía saca de unas declaraciones de quien presenta como representante de Sortu en Eibar. Según se emitió en la Cadena Ser anteayer, le preguntaron cómo valoraba las detenciones de la víspera en Bilbo y su respuesta fue: «Bueno, yo analista política no soy, pero bueno, se supone que, si han descubierto algo, pues su labor.... su eso es hacer las detenciones, ¿no? No sé pues... qué van a hacer». Según el informe, «la conclusión que se saca de la respuesta es obvia». ¿Que dice que ésa es la labor de las FSE? No. Que «Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos». Y todo ello sin que los detenidos hayan pasado todavía ante el juez.
Capítulo aparte merecen las llamadas «conexiones directas de Sortu con ETA» que son, entre otras: que un encarcelado por pertenencia a Ekin le dice a su padre, uno de los promotores de Sortu, la frase «les tenemos donde queríamos». Que otra de las integrantes del grupo aparece, en papeles intervenidos a Ibon Fernández Iradi, Susper, como alguien de nombre encriptado a quien se le podía proponer entrar en ETA, incluso para «dar caña». Ella lo ha desmentido y hay un dato muy claro a su favor: la documentación es de 2003, desde entonces se ha detenido a mucha gente que figuraba en esos papeles, y ella sigue libre. Otra supuesta «conexión directa» es que un tercer promotor es cotitular de una cuenta donde profesores de la UPV ingresaban dinero para procesados en el 18/98.
Con estos mimbres, el Tribunal Supremo podrá dictar una ilegalización por criterios de conveniencia política, pero nunca una sentencia basada en el derecho. Hay antecedentes.
- López no tiene interés en reunirse con el Grupo Internacional de Contacto.
El lehendakari Patxi López ha reiterado que no se reunirá con el Grupo Internacional de Contacto (GIC), porque desconoce "cuáles son sus intereses y quién les ha llamado".
04/03/2011 11:39:00
GASTEIZ-. Patxi López no tiene interés en reunirse con el Grupo Internacional de Contacto, que auspiciado por Brian Currin estuvo en Euskal Herria a mediados de febrero, para "dar carta de naturaleza a algo que desconozco a qué obedece".
López ha respondido así a una pregunta del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz. El representante de EA ha acusado a Lakua de "no querer impulsar el diálogo político" y ha defendido que el grupo de Currin quiere "facilitar" el proceso abierto con la tregua de ETA.
El lehendakari ha señalado que "en Euskadi se están haciendo las cosas bien" y ha considerado que no es preciso el trabajo del Grupo Internacional de Contacto.
"Este país lo hemos construido en base al diálogo y al entendimiento, que es cierto que necesitamos reforzar. Pero seríamos nosotros los que podríamos enseñar a otros cómo se dialoga y se construyen consensos y podríamos exportar el ejemplo de los vascos a otras partes", ha respondido.
Ha señalado que el grupo de Currin está compuesto por personas "respetables", pero ha reiterado que desconoce cuáles "son sus intereses y quién les ha llamado", por lo que no tiene interés en reunirse con ellos para "dar carta de naturaleza a algo que" desconoce "a qué obedece".
López ha indicado que no le han pedido una reunión y ha opinado que sólo ha percibido que estos expertos hacían "presión al Estado de Derecho, pero no a ETA". "El papel de presión estaba un poco desequilibrado", ha asegurado.
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que aseguró que, "tal y como señalan sus estatutos y ha sido reiterado por sus promotores, rechaza todo tipo de violencia, incluida la de ETA, y muestra su compromiso en el reconocimiento y reparación de todas las víctimas, así como en la superación de las consecuencias de toda violencia". En dichos actos incluyó "la violencia callejera", que reapareció en la noche del miércoles en Gasteiz, así como "los malos tratos y la tortura". De esta forma respondía a las tesis de la Abogacía, según la cual su rechazo a ETA es meramente "retórico e instrumental". Muy al contrario, Sortu afirma que el mismo es "nítido, firme y real".
La intensa jornada de ayer comenzó a las 10.00 horas, cuando el abogado general del Estado, Joaquín de Fuentes Bardají, presentó en el Tribunal Supremo la demanda de los servicios jurídicos del Estado contra Sortu. El escrito echaba mano del silencio que, hasta entonces, habían mantenido sus miembros respecto al arresto el martes en Bilbao y Galdakao de cuatro presuntos miembros de ETA. El Gobierno español concluía por tanto que las nuevas siglas de la izquierda aber-tzale oficial "son incapaces de condenar a ETA".
Tan solo cinco horas después, la Sala del 61 del Alto Tribunal admitió a trámite la demanda y suspendió el proceso para su inscripción en el registro de formaciones políticas, tal y como prevé la Ley de Partidos. Asimismo, emplazó a Sortu a formular las alegaciones que estime oportunas. El siguiente paso corresponde a la Fiscalía General del Estado, que, previsiblemente, presentará el próximo lunes su propia demanda contra la incorporación de Sortu al marco de la legalidad. El Tribunal Supremo acumulará entonces ambas reclamaciones y contará con un plazo de mes y medio para emitir una resolución, justo el límite establecido por la Ley Electoral para presentar candidaturas a las elecciones municipales y forales del 22 de mayo.
La Abogacía esgrimía la no respuesta de Sortu a la detención de cuatro supuestos activistas de ETA para aseverar que "Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA, como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos cometida por un comando de dicha organización".
Ya por la tarde, Sortu emitió un comunicado en el que achacó el paso adoptado por la Abogacía del Estado a "una decisión política que niega los derechos fundamentales de los ciudadanos". Respecto a la exigencia que el Gobierno español y la gran mayoría de partidos políticos le han trasladado para que se pronuncie sobre la última operación policial, consideró "cuanto menos curioso que quienes han apelado a nuestra ilegalización, quienes nos quieren castigar al silencio político son los que nos exigen pronunciamientos públicos ante estos hechos".
En la nota, justificó además su silencio sobre los arrestos recordando que "desde el momento de su presentación, Sortu decidió mantenerse al margen de los acontecimientos políticos diarios" y que "el día que sea una organización legal" se postulará "sin ningún género de dudas". Concluye haciendo hincapié en "el gran apoyo" que está recibiendo desde múltiples sectores, agregando que su legalización "es deseada y solicitada por la gran mayoría de la sociedad vasca e incluso por amplios sectores de la sociedad española".
- El Gobierno presenta un informe contradictorio y especulativo.
Acusaciones tan sonoras como que «ETA es motor y parte actora principal» de la constitución de Sortu no se apoyan en ninguna prueba física; son suposiciones o hipótesis policiales sin nada que lo demuestre. El otro argumento, el de la continuidad, se pierde en un laberinto de contradicciones.
Iñaki IRIONDO/ Gara
Tras analizar los informes policiales, el Gobierno español ha llegado a la conclusión de que Sortu es un partido constituido por la izquierda abertzale. Para eso, en todo caso, no hacía falta molestar a ni un solo policía. Bastaba con ver la televisión o leer la prensa. De hecho, como figura en el informe de la Abogacía del Estado, los propios estatutos del nuevo partido recogen que son fruto de un «proceso de debate interno» que «ha realizado la izquierda abertzale». Por ese lado no han tenido que trabajar demasiado.
El trabajo viene a la hora de determinar si, como dicen también los estatutos, Sortu rompe con las fórmulas empleadas en el pasado por la izquierda abertzale y por las que el Tribunal Supremo ilegalizó a Batasuna. Y ahí es cuando la Abogacía del Estado empieza a patinar.
Dice en su demanda que «si son la Izquierda Abertzale/Batasuna reconvertida a la no violencia y al repudio del terrorismo, ningún problema habría para que sus más conocidos representantes (quizás excluyendo a los que se encuentran en prisión por su apoyo al terrorismo) promoviesen, constituyesen y presentasen el partido, mas el reflejo de anteriores intentos de fraude hace que, como es usual, se acuda a personas que al menos abiertamente no presenten excesivos o al menos no muy visibles vínculos con los partidos ilegalizados».
Ésa podría ser una línea de argumentación. Endeble, casi sicoanalítica, pero una línea al menos. Sin embargo, la propia Abogacía corre a cargársela cuando, a párrafo seguido, dice que «en los actos de presentación pública» de la nueva formación «ha intervenido un nutrido grupo de personas como apoyo a los promotores, a modo de presentadores o promotores materiales del partido» que sí son los que denomina como «sus más conocidos representantes». Y cita a Rufi Etxeberria, Iñigo Iruin y otros ex mahaikides que asistieron al acto del Euskalduna.
¿En qué quedamos entonces? ¿Es un intento de fraude porque no hay caras conocidas o porque sí las hay? Lo uno o lo otro.
Por cierto, la Abogacía del Estado se hace otro enorme lío con el acto del 7 de febrero en el Euskalduna en el que Etxeberria e Iruin presentaron las bases del nuevo partido. Habla de que, de las personas que «arroparon a los dos ponentes», 19 han tenido cargos en HB, 7 han sido cargos electos, 15 candidatos, 3 han formado parte de «algunas estructuras de ETA»... Pero no menciona cuántos eran parlamentarios del PNV, dirigentes de Aralar, cargos de EA, miembros de EB, sindicalistas de ELA, directivos de medios de comunicación, jueces, etc.
Y, lo más importante, olvida que esas personas no estaban arropando a nadie, sino que habían sido invitadas por escrito a un acto que había organizado Lokarri. Es decir, formaban parte del público.
Tampoco parece que el Gobierno sepa muy bien qué hacer para refutar la evidencia de que Sortu rechaza la violencia de ETA. Según aduce, esto no demuestra nada porque «ETA no se ha disuelto» y luego habla largamente de los comunicados de la organización armada hasta concluir que «con lo anterior quiere decirse que el intento de constitución de un nuevo partido forma parte de una estrategia política sincronizada de la que ETA es motor y parte actora principal». ¿Alguna prueba?¿Algún escrito? Nada. Sólo que en algo más de un mes se han sucedido el comunicado de alto el fuego, la presentación de Sortu y la reunión en Bilbo del Grupo Internacional de Contacto.
La Abogacía también afirma categórica que «el rechazo estatutario del terrorismo es cosmético, retórico e instrumental, no real». Y para intentar demostrarlo divaga sobre que ETA ha solido tomarse muy mal las deserciones y las escisiones -y ahí mezcla desde la muerte de Yoyes hasta las críticas a Aralar- y sobre Sortu todavía no ha dicho nada, lo que interpreta como «complacencia de ETA» con este «(aparente) distanciamiento».
El Gobierno acusa a la izquierda abertzale de no haber rechazado acciones de ETA cuando ya tenía avanzado su proceso de debate y para ello no duda en recortar y manipular el comunicado que hizo público cuando se conoció la muerte del gendarme Jean-Serge Nérin. No recoge que la izquierda abertzale insistió entonces en que el proceso debe llevarse adelante «por medios políticos y democráticos», y le pidió a ETA que «debería ratificarse en su posición favorable al desarrollo de un Proceso Democrático» y «tomar compromisos claros y concretos respecto a dicho proceso». También ignora interesadamente que días después le instó a «responder de forma constructiva a la Declaración de Bruselas», en la que se le pedía «un alto el fuego permanente y completamente verificable».
Surrealista resulta la conclusión que la Abogacía saca de unas declaraciones de quien presenta como representante de Sortu en Eibar. Según se emitió en la Cadena Ser anteayer, le preguntaron cómo valoraba las detenciones de la víspera en Bilbo y su respuesta fue: «Bueno, yo analista política no soy, pero bueno, se supone que, si han descubierto algo, pues su labor.... su eso es hacer las detenciones, ¿no? No sé pues... qué van a hacer». Según el informe, «la conclusión que se saca de la respuesta es obvia». ¿Que dice que ésa es la labor de las FSE? No. Que «Sortu y sus representantes y promotores son incapaces de condenar una actuación de ETA como es el almacenamiento de explosivos y una cadena de asesinatos». Y todo ello sin que los detenidos hayan pasado todavía ante el juez.
Capítulo aparte merecen las llamadas «conexiones directas de Sortu con ETA» que son, entre otras: que un encarcelado por pertenencia a Ekin le dice a su padre, uno de los promotores de Sortu, la frase «les tenemos donde queríamos». Que otra de las integrantes del grupo aparece, en papeles intervenidos a Ibon Fernández Iradi, Susper, como alguien de nombre encriptado a quien se le podía proponer entrar en ETA, incluso para «dar caña». Ella lo ha desmentido y hay un dato muy claro a su favor: la documentación es de 2003, desde entonces se ha detenido a mucha gente que figuraba en esos papeles, y ella sigue libre. Otra supuesta «conexión directa» es que un tercer promotor es cotitular de una cuenta donde profesores de la UPV ingresaban dinero para procesados en el 18/98.
Con estos mimbres, el Tribunal Supremo podrá dictar una ilegalización por criterios de conveniencia política, pero nunca una sentencia basada en el derecho. Hay antecedentes.
- López no tiene interés en reunirse con el Grupo Internacional de Contacto.
El lehendakari Patxi López ha reiterado que no se reunirá con el Grupo Internacional de Contacto (GIC), porque desconoce "cuáles son sus intereses y quién les ha llamado".
04/03/2011 11:39:00
GASTEIZ-. Patxi López no tiene interés en reunirse con el Grupo Internacional de Contacto, que auspiciado por Brian Currin estuvo en Euskal Herria a mediados de febrero, para "dar carta de naturaleza a algo que desconozco a qué obedece".
López ha respondido así a una pregunta del parlamentario de EA, Juanjo Agirrezabala, en el pleno de control del Parlamento de Gasteiz. El representante de EA ha acusado a Lakua de "no querer impulsar el diálogo político" y ha defendido que el grupo de Currin quiere "facilitar" el proceso abierto con la tregua de ETA.
El lehendakari ha señalado que "en Euskadi se están haciendo las cosas bien" y ha considerado que no es preciso el trabajo del Grupo Internacional de Contacto.
"Este país lo hemos construido en base al diálogo y al entendimiento, que es cierto que necesitamos reforzar. Pero seríamos nosotros los que podríamos enseñar a otros cómo se dialoga y se construyen consensos y podríamos exportar el ejemplo de los vascos a otras partes", ha respondido.
Ha señalado que el grupo de Currin está compuesto por personas "respetables", pero ha reiterado que desconoce cuáles "son sus intereses y quién les ha llamado", por lo que no tiene interés en reunirse con ellos para "dar carta de naturaleza a algo que" desconoce "a qué obedece".
López ha indicado que no le han pedido una reunión y ha opinado que sólo ha percibido que estos expertos hacían "presión al Estado de Derecho, pero no a ETA". "El papel de presión estaba un poco desequilibrado", ha asegurado.
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