La banca y la ley hipotecaria

OPINIÓN

Capitalismo

Vicenç Navarro, attac.es

Una de las consecuencias que el dominio de las fuerzas conservadoras tuvo en el proceso de Transición de la dictadura a la democracia en España ha sido la excesiva influencia de poderes fácticos, como la banca, sobre el Estado. Es interesante subrayar que la mayoría de la ciudadanía lo percibe así, pues las encuestas de opinión popular muestran que la amplia mayoría de ciudadanos cree que la banca en España es más poderosa que el Gobierno (según el barómetro de opinión de noviembre de 2010 del Centro de Investigaciones Sociológicas).

El excesivo poder de la banca en España es conocido también fuera del país. Así, The New York Times publicó un artículo –In Spain, Homes are Taken, but Debt Stays (27-10-10)– que documentaba la escandalosa situación que tiene lugar en España cuando una persona no puede pagar una hipoteca. En la mayoría de países, tanto en EEUU como en la UE-15, cuando una persona se encuentra en tal situación puede declararse en bancarrota y recibir el apoyo legal que la proteja de las medidas recaudatorias abusivas, permitiéndole además devolver las llaves al banco que le vendió la hipoteca sin tener que devolver el resto de la deuda hipotecaria.

Es más, en EEUU hay un movimiento para forzar al Congreso a fin de que permita que los hipotecados puedan continuar viviendo en sus casas hipotecadas pagando un alquiler menor en cantidad al del pago mensual de la hipoteca. El argumento que se utiliza para proponer tal medida es que la banca está recibiendo dinero público y, como contrapartida, se le exige que ayude a su usuario.

No así en España. La ley excluye las hipotecas de ser bienes sujetos a la protección del que se declara en bancarrota, exclusión que refleja el enorme poder de la banca en el desarrollo de la legislación hipotecaria. Otro indicador de tal poder es que, cuando la persona devuelve al banco las llaves de su piso, comienza en realidad su calvario, pues tal persona continúa debiendo al banco la hipoteca, lo cual es una enorme sobrecarga, pues en muchos casos queda endeudada para el resto de su vida, al igual que sus avalistas.

Es difícil diseñar un sistema que proteja tanto a la banca y tan poco al ciudadano. Es una situación que alcanza niveles de una gran injusticia, pues, para complicar todavía más las cosas, el precio de las hipotecas es en muchísimos casos superior al precio de la vivienda. Según la agencia Standard & Poor’s, el 8% de las viviendas en España tiene un valor inferior al de las hipotecas de sus usuarios, una cifra que, calcula, alcanzará el 20% en los próximos años. Esta es la situación en la que se encuentran 1,4 millones de españoles.

Y todavía otro indicador más del enorme poder de la banca son los intereses variables pagados en las hipotecas, que varían del 2% al 6%. A diferencia de lo que ocurre en otros países desarrollados, los bancos españoles tienen incluso el poder de, previo permiso judicial, acceder automáticamente al salario de la persona que debe la hipoteca, exigiendo un pago mensual detractado de su nómina.

Debido a esta excesiva protección de la banca, conseguida a costa del ciudadano, no ha habido todavía ningún colapso de un banco español, hecho que, paradójicamente, ha sido motivo de gran orgullo por parte del Gobierno de Zapatero. Como ha señalado The New York Times, el orgullo del presidente del Gobierno está basado en el hecho de que el sistema bancario español es de los menos amistosos y sensibles (user’s friendly) a las necesidades del ciudadano. Que un Gobierno de derechas estuviera orgulloso de este hecho tendría explicación (véase la defensa de la banca por Eduardo Serra, del Partido Popular, en el programa 59 segundos acusando de maniqueos a los que la criticaban). Pero que un Gobierno de izquierdas también lo esté es más que sorprendente. Las declaraciones de la vicepresidenta Elena Salgado defendiendo a la banca frente a la protesta de los desahuciados es de una enorme incoherencia en una persona que se presenta como socialista. Como bien dijo el juez de la Audiencia Nacional de Navarra, el banco BBVA habría actuado legalmente, pero su comportamiento fue claramente inmoral.

Una última observación. La enorme crisis de legitimidad de las instituciones representativas en España se debe precisamente a esta percepción generalizada de que sus representantes están excesivamente influenciados por intereses económicos y financieros a los cuales temen enfrentarse. Y la banca es uno de ellos. ¿No se dan cuenta los representantes políticos, en general, y las izquierdas gobernantes, en particular, de lo que ello supone? El descrédito del establishment político español es uno de los más acentuados en la UE-15. Y la causa de tal descrédito es la percepción generalizada de que tal establishment es más sensible a los intereses financieros y económicos que a la voz de sus electores. ¿Hasta cuando continuarán ignorando los gobernantes a los gobernados?

Esta situación ha alcanzado su máxima expresión con el retraso obligatorio de la edad de jubilación, pasando de 65 a 67 años. Esta medida aprobada por el Gobierno español y pronto por las Cortes, a propuesta y bajo la presión de los mercados financieros (es decir, de los bancos), es enormemente impopular. El 82% de la población está en contra. Ello implica un enorme distanciamiento entre el establishment político, por un lado, y la gran mayoría de la población, por el otro, lo cual contribuye a una deslegitimación de las instituciones democráticas. ¿Es que no se dan cuenta de ello?

La justicia salta el muro

MUNDO

Sionismo

Carmen Rengel, periodismohumano.com

La segunda acepción del diccionario de la RAE sostiene que “justicia” es igual a “derecho, razón, equidad”. Nada que ver con lo que los palestinos reciben cuando tratan de defenderse del expolio de sus recursos naturales, el cerco de sus tierras de labor, el veto a los pasos de su ganado o la invasión de su suelo por viviendas de judíos. “Los arrollan”, resume lacónico Michael Sfard, uno de los abogados de Yesh Din, una asociación de letrados israelíes que combate la violación de derechos humanos en los Territorios Ocupados y que desde hace cinco años se encarga de llevar ante el Tribunal Supremo del país a todo aquel que ataque a los palestinos, sea colono, militar o político. Son israelíes, son judíos, pero ante todo son abogados con un profundo sentido de esa justicia que tanto echan en falta al otro lado del muro. A llenar el vacío legal que rodea a sus vecinos-enemigos es a lo que dedican su tiempo, cuando acaban los casos de rutina. Asistencia letrada e informes de denuncia son sus armas para equilibrar la balanza de esta dama ciega.

Yesh Din (“Existe la Ley”, en hebreo) sigue siendo noticia estos días en Israel porque el pasado 22 de diciembre se produjo un robo en sus oficinas centrales, en Tel Aviv. Han desaparecido pen-drives y documentos en papel, pero no se ha forzado ni una puerta. Temen que un infiltrado de ultraderecha haya hecho de topo en la organización y les haya jugado una mala pasada. La Policía no tiene pistas, pero las amenazas van a más. ”Estamos en una fase nueva y peligrosa del asalto a las organizaciones de derechos humanos en Israel”, denuncia Sfard. Los nombres de los abogados de la ONG han aparecido publicados en revistas financiadas con dinero de las colonias ilegales en Cisjordania y desde su creación, en 2005, reciben periódicamente anónimos amenazantes que se han intensificado y recrudecido en los últimos meses. “Si aprietan su cerco, nosotros forzaremos el nuestro”, lanza desafiante Ziv Stahl, del equipo de asesores de la asociación. El apoyo creciente de prominentes personalidades (ex ministros, artistas, fiscales y militares retirados) y hasta de la Comisión Europea han puesto a la entidad en el punto de mira de la venganza. Eso, y sus victorias en cadena en los tribunales israelíes.

La más reciente es la lograda con la condena de Zvi Struck, un joven colono condenado por secuestrar a un niño palestino de 15 años. A falta de conocer la pena total, ha sido declarado culpable de asalto, agresión con agravantes, secuestro con lesiones y abuso de animales. El condenado se encaró con el adolescente porque estaba pastoreando “en lo que él consideraba suelo judío”, en la localidad cisjordana de Kusra. El menor fue golpeado, apuntado con un rifle, atado a un tractor y arrastrado por el campo, desnudado, amarrado a un árbol y abandonado inconsciente. A su lado, Struck y su ayudante (que no ha sido identificado aún) dejaron un cordero muerto. El colono ya había apaleado al mismo niño meses antes por el mismo motivo. Tres años ha tardado el proceso en fructificar, pero la condena ya no es recurrible. Sfard explica que el fallo ha sido especialmente trascendente porque la madre del acusado es una de las principales defensoras de los derechos de los colonos. “Un derecho entendido desde la visión parcial y excluyente de los que han quitado la tierra a su legítimo dueño”, abunda el abogado israelí. Según datos de la asociación corroborados por la ONU, el 90% de las denuncias que interponen los palestinos por violación de cualquiera de sus derechos quedan en nada, bien sin condena, bien sin investigación siquiera. Ahí está Yesh Din: “Sabemos que no ponemos más que un grano de arena, que las grandes injusticias siguen reinando en Israel, ¿pero cómo no intentarlo siquiera? No podemos rendirnos ante la violación de libertades o el robo de territorio. El derecho internacional básico ya nos da fundamentos suficientes para actuar, pero es que las leyes de Israel nos dan la razón y abundan en los preceptos que defendemos. La contradicción para un israelí no debería ser que nosotros ayudemos a los palestinos, sino que nuestros tribunales empleen un rasero diferente para una persona u otra en función de dónde nació y qué bandera lleva”, resume Zachary Shlomy, otro de los componentes del equipo, “judío hasta en el nombre”, señala jocoso.

Cumplidor del shabbat, maldice en yiddish cuando rememora los sinsabores de su batalla, los casos estancados, bloqueados por una justicia “absolutamente imbricada con la política cuando de los Territorios Palestinos se trata” y que “olvida la separación de poderes y la igualdad del ser humano ante la ley”. El ejemplo más doloroso con que explica sus fracasos es el del ataque a dos jóvenes árabes de 19 años en Awarta, cerca de Naplusa, cuando iban al campo a trabajar con sus padres. Fueron tiroteados por los soldados de un puesto de vigilancia cercano y uno de ellos murió. El Supremo israelí va a archivar el caso, porque entiende “justificada” la actuación de los militares. Las IDF explicaron que las víctimas iban “disfrazadas de agricultores” y que con sus balas lo que hicieron fue “repeler un ataque terrorista”. Los aperos de labranza que portaban los jóvenes han sido catalogados como “armas” del atentado frustrado. Fin del caso. Shlomy sostiene que las pruebas que ha aportado Yesh Din son concluyentes, pero suspira y reconoce que todo depende en última instancia “de la sensibilidad del juez” y de “la complicidad del fiscal con la verdad”.

La frustración es mayor debido al esfuerzo que despliega la asociación para hacer acopio de casos, de documentos, de testimonios, pruebas en general, que sustenten sus argumentos. Los israelíes tienen vetado el acceso a los Territorios, por lo que se valen de voluntarios árabes para pasar papeles a Palestina, o se envían cartas desde Estados Unidos o Reino Unido, aprovechan falsas citas médicas para encontrarse con palestinos que cruzan a Jerusalén… No siempre ven con sus propios ojos lo que ocurre, pero confían en sus defendidos, “por supuesto”. “Hay compañeros que defienden a hombres que matan a su familia o a ladrones que esquilman a un banco, pero tienen reparos en hacer lo mismo con un palestino. A veces los escrúpulos están alterados en este país”, abunda Lev Avisar, otro de los letrados más activos del grupo.

Las colonias y sus consecuencias centran su actividad de estos meses en la Corte Suprema de Israel, última fase de alegaciones posible. Suyo es el informe que denunció más de 40 actos de sabotaje a la campaña de la aceituna en Cisjordania, con árboles quemados y envenenados, tocones arrancados y olivas robadas por parte de los colonos en suelo palestino, especialmente en el área de Nablus, Farata o Burqa. Suya la denuncia contra el Ejército y el Consejo de Samaria (una especie de gobernador de las colonias) por impedir a los habitantes de Yusuf y sus alrededores acceder de forma libre y segura a las tierras donde cultivan higos y aceitunas; hay barreras y cercas ilegales, los soldados escoltan a los colonos de Tapuach mientras intimidan a los palestinos y miran a otro lado si se emplea la fuerza o el insulto, denuncian. “Ayudan a los infractores en sus prácticas ilegales en vez de ayudar a las víctimas. Es sólo un ejemplo de la incompetencia de las autoridades israelíes. Y los vecinos llevan una década así”, lamenta Avisar.

En Modi´in Illit, la pugna es por derribar varias oficinas públicas, pagadas con dinero de los contribuyentes israelíes, entre ellas una comisaría y una estación de bomberos, todo sobre suelo de la aldea palestina de Nilin. “Es absurdo. Un grupo de edificios de autoridades que atienden la aplicación de las leyes se basa justamente en un flagrante desprecio por la ley, levantado sin permiso de obra, a la vista de todos, durante 10 años, y con varias órdenes de demolición que no se han cumplido. La Policía se ha aliado con los colonos y comete sus mismas tropelías. Han dejado de perseguir a los ladrones y ahora actúan como ellos”, acusa Sfard, en un discurso tan duro que le ha costado perder a varios de sus clientes por ser “pro-palestino o antisemita, que para ellos es igual”. Las represalias en el trabajo son “notables”, reconoce, y han bajado los casos, pero las ayudas de entidades colaboradoras como los Gobiernos de Holanda, Irlanda, Alemania y Reino Unido, y ONG como Oxfam, les mantienen a flote.

Lo más importante, destacan, es la “fuerza” que están tomando en la calle, en las instituciones, en los centros de poder, pese al vacío que oficialmente se les hace. Sólo gracias a la colaboración de gente de dentro han logrado saber –valga de muestra- que en Dir Nizam no hay ningún yacimiento arqueológico de impagable valor histórico y que, por tanto, la zona no debe estar acotada sino abierta y en pleno uso de sus propietarios. La historia es “retorcidamente sencilla”, define Avisar: los colonos cierran el paso a un manantial asegurando que se halla en zona de valor arqueológico, lo que les ha permitido tomar el uso de una tierra de propiedad palestina. La fuente de Al-Kis, junto al asentamiento de Neve Tzuf, es un área tradicional agrícola que, desde la pasada primavera, se llena de colonos haciendo pic-nics. Han colocado una barrera para impedir el paso a los legales propietarios del suelo y afirman que es terreno protegido. Sólo la sintonía con determinados funcionarios ha permitido que Yesh Din demuestre que no existe tal declaración de zona arqueológica, que el cartel que luce el terreno es falso y que “sencillamente se trata de complicar la subsistencia agrícola de los palestinos y de buscar un nuevo foco de conflicto”. Han logrado el papel que desmiente el caso, pero el Estado sigue impidiendo el paso a los jornaleros. “Es una excusa, una decisión parcial e irracional”, denuncia la asociación. Y en esas andan, enredados en los tribunales para impedir un nuevo paso, pequeño pero dramático, en la humillación de los palestinos. “Es la única manera de poder mirar en un futuro a los ojos de nuestros vecinos sin sentir vergüenza, es la única manera de sentirme realmente abogado y humano”, defiende Avisar mientras suena el teléfono. Es la Policía. Siguen sin pistas del robo. Ahora seguirán golpeando los nudillos contra un muro, pero con el miedo en el cuerpo. La incógnita está en saber si logrará pararlos.

El polvorín de ahí abajo

OPINIÓN

Movilizaciones

Gabriel Tortella, cuartopoder.es

Si en la pasada Nochevieja alguien nos hubiera augurado para los comienzos de 2011 una revolución internacional en el mundo árabe, y en especial en la ribera sur del Mediterráneo, hubiéramos pensado que el augur nos estaba tomando el pelo o que se había pasado con el cava, cosas ambas naturales en la ocasión. Claro es que, dos meses más tarde, estaríamos admirando sus dotes de presciencia. Sin embargo, aunque los hechos sean realmente sorprendentes –una revolución desencadenada por la protesta e inmolación de un vendedor ambulante–, lo que está ocurriendo en el norte de África (y los conatos de Oriente Medio) era perfectamente previsible. La situación en la zona tiene todas las características de un polvorín al que solamente le falta, para estallar, un detonante. La patética protesta de un verdulero tunecino en la insignificante ciudad de Sidi Bouzid actuó como tal detonante: eso es lo que era totalmente imprevisible. Pero el que un incidente trágico sí, pero menor, cuyas imágenes fueron difundidas a través de Internet, provocara un incendio social de la magnitud de lo que estamos viendo indica precisamente la inminencia de la situación revolucionaria. Las causas estaban ahí: la extrema pobreza de una gran mayoría frente a la ostentosa riqueza de la minoría en el poder, unas dictaduras medievales utilizando los refinamientos policiales del siglo XXI, todo ello con la aquiescencia de los líderes mundiales, unos con disimulo tartufesco, otros con el más total descaro, todos vendiendo sus principios por un plato de petróleo o por una paz fúnebre que permitiera olvidar la trágica realidad cotidiana de las masas árabes.

La revolución norteafricana está teniendo aspectos esperanzadores. Sobre todo está teniendo un carácter de espontaneidad y heroísmo que se manifiestan en la falta de líderes, rasgo que, aunque admirable, es muy peligroso para el porvenir. Las masas se han rebelado sin cabecillas y apenas sin organizaciones, si no son las espontáneas. Esto ha creado unos vacíos de poder en los dos países donde hasta ahora ha triunfado, y donde está a punto de hacerlo, como en Libia, la situación de los revolucionarios es parecida. También llama la atención favorablemente la falta de sectarismo religioso a diferencia de los que ocurrió, por ejemplo, en Irán hace treinta años largos. Lo espontáneo de la revolución es una prueba irrefutable de la desesperación en que vivían los rebeldes: sólo el ver que en un país vecino la presión de las masas ha derribado la dictadura moviliza a las muchedumbres, dispuestas a desafiar a las balas y los tanques sólo porque hay un resquicio de esperanza de que las cosas cambien. La diferencia, con todo, entre Libia, de un lado, y Túnez y Egipto, de otro, es que, a pesar de la brutalidad y puño de hierro de los regímenes de Ben Alí y Hosni Mubarak, tanto los dictadores como el ejército en que se apoyaban no estaban dispuestos, o no se sentían capaces, a masacrar a miles de personas para permanecer en el poder. Ése, por desgracia, no es el caso del libio Muammar Gadafi, que, no lo olvidemos, fue el inductor del execrable crimen terrorista de Lockerbie, pueblo escocés donde cayó un avión de pasajeros en el que agentes libios habían introducido una bomba que lo destruyó, causando la muerte a pasajeros, tripulación e incluso a algunos habitantes del pueblo donde ocurrió el siniestro: cerca de trescientas personas, víctimas de la vesania de un dictador que lleva más de 41 años en el poder. Éste es el hombre carismático que hoy se queja de que Occidente le haya abandonado y llama terroristas a los insurgentes.

La trascendencia que todo este terremoto social tiene para España es grande, por la vecindad geográfica y por los estrechos lazos económicos que nos unen a nuestros vecinos del sur. La incertidumbre y la violencia están provocando un éxodo de refugiados que amenaza con invadir las orillas septentrionales del Mediterráneo, especialmente Italia y España. En nuestro país, con un 20% de paro, sólo nos faltaba la invasión de miles de magrebíes sin trabajo ni medios de vida. Pero además, dependemos vitalmente de Argelia y Libia para abastecernos de gas natural y petróleo, y necesitamos esos mercados para muchas de nuestras exportaciones, de modo que la estabilidad de la zona nos es vital a medio y largo plazo.

Ahora bien ¿cuáles son las perspectivas? La incertidumbre es muy grande, precisamente por la falta de líderes reconocidos. Las masas en esos países parecen tener muy claro lo que no quieren, pero mucho menos lo que quieren. Ejemplo palmario es el de Egipto, donde hay un posible dirigente, Mohamed El Baradei, con gran prestigio en Occidente (físico eminente que dirigió durante largo tiempo la Agencia de la Energía Atómica de las Naciones Unidas, por lo que recibió el Nobel de la paz en 2005), que, sin embargo, lo tiene mucho menor en su país. Nemo propheta in patria, nunca mejor dicho. Es magnífica noticia que las masas árabes, como las españolas hace 35 años, estén hambrientas de democracia y hartas de caudillos providenciales. Pero los votos no alimentan, y largos meses de incertidumbre y desorganización pueden afectar muy seriamente a la industria turística, que en Túnez y Egipto es vital para las respectivas economías, arruinando así a amplios sectores de la clase media, que es la columna vertebral de la revolución. Hay que decir que en ambos países la situación de momento es ejemplar: pero sin un gobierno decidido y con ideas claras acerca de cómo encarrilar las respectivas economías, a la larga las esperanzas pueden frustrarse, dando alas al islamismo radical y favoreciendo la vuelta a la dictadura militar.

¿Qué debe hacer Occidente, España incluida? Los casos de Túnez y Egipto son muy diferentes del de Libia; ésta es una sociedad mucho más primitiva, en parte aún tribal, pero muy rica en petróleo. No necesita ayuda económica, salvo quizá créditos a corto plazo para restañar rápidamente las heridas de la guerra civil cuando ésta termine. Quizá necesite asesoramiento técnico, económico y político, que habrá que ofrecer con mucho tacto y diplomacia.

Túnez y Egipto, especialmente Egipto, sí necesitan ayuda económica. Ésta ya la recibía, sobre todo de Estados Unidos, y ahora necesitará más. El caso de Túnez, también carente de hidrocarburos en cantidades significativas, pero menos superpoblado, es parecido: necesita ayuda para superar la transición, y ambos necesitarán apoyos políticos. En Túnez, el papel de Francia puede ser decisivo; los nexos históricos y culturales son muy fuertes. España, muy debilitada por la crisis, no está en condiciones de prestar ayuda económica significativa, pero puede asesorar. Un tipo de asesoramiento muy difícil, pero a la larga crucial, debe ser el demográfico. Cierto es que de los tres países en cuestión, sólo Egipto está superpoblado: pero en los tres el crecimiento demográfico ha sido muy fuerte, y el paro juvenil ha sido uno de los detonantes de las revueltas. El paro juvenil sólo podrá resolverse en parte con un crecimiento económico vigoroso, pero a la larga si no hay un esfuerzo de controlar la natalidad, el paro juvenil persistirá, y con él la inestabilidad social. Seguiremos ante un polvorín a la espera de un nuevo detonante.

En Islandia no tenemos corresponsales

OPINIÓN

Movilizaciones

Isaac Rosa, attac.es

Las revoluciones son siempre muy fotogénicas, y ahora incluso se retransmiten en directo. Ahí tenemos el caso de Egipto, cuya lucha contra Mubarak hemos visto en tiempo real, con decenas de corresponsales sobre el terreno; y lo mismo pasaría en Libia si Gadafi permitiera la entrada de periodistas.

Pero las revoluciones quedan bien en la tele si son violentas. Si no hay manifestaciones tumultuosas, barricadas ardiendo, pedradas y gente con la cabeza abierta, no hay mucho que ver. Debe de ser por eso que no tenemos corresponsales en Islandia, y hasta ahora ningún telediario ha conectado en directo con las calles de Reikiavik, ni en los periódicos hay infografías diarias sobre este pequeño país del norte de Europa.

Decir “revolución pacífica” suena a oxímoron, y muchos dirán que no es posible, que es otra cosa. Pero los islandeses están protagonizando lo más parecido a una revolución que hemos visto en esta parte del mundo en mucho tiempo, y por aquí apenas nos hemos enterado. Seguramente porque las mediáticas revueltas árabes no tienen riesgo de contagio en Europa, mientras que la movilización islandesa puede darnos ideas peligrosas.

Después de que la economía de Islandia, la niña bonita del neoliberalismo, se hundiese en 2008, con bancos quebrados y una deuda inasumible, los poco más de 300.000 habitantes de esta isla nórdica salieron a la calle y la liaron. Y no han parado hasta hoy.

Entre otras cosas han conseguido que el gobierno dimita, nacionalizar la banca, perseguir penalmente a los banqueros responsables, rechazar en referéndum el pago de la deuda bancaria, y ahora participan en la elaboración de una nueva constitución más democrática y social. Por si fuera poco, han aprobado una iniciativa para convertir el país en un refugio internacional para la libertad de prensa, donde el próximo Julian Assange pueda trabajar sin que lo encarcelen ni le cierren la web.

Sí, es verdad que España e Islandia no tienen mucho en común. Es un país pequeño, aislado, con peculiaridades económicas. Pero después de tanto decirnos que no somos Grecia ni Irlanda, a uno le entran ganas de ser Islandia un ratito.