Derechos Humanos
Después de casi nueve horas de intenso debate a puerta cerrada, el Consejo de Seguridad de la ONU aprobó por unanimidad en la madrugada del domingo una resolución que condena la brutalidad del gobierno de Muammar El Gaddafi y autoriza a la Corte Penal Internacional a investigar los crímenes contra la humanidad cometidos durante las dos semanas de revueltas en Libia.“Esta resolución manda un contundente mensaje: las violaciones de los derechos humanos no serán toleradas; los responsables de los crímenes más graves serán juzgados. Espero que esto sea escuchado por el régimen libio,” dijo el Secretario General de la ONU tras la votación texto, al que en un primer momento se opuso China, miembro permanente con derecho a veto, siempre reacio a inmiscuirse en los asuntos internos de otros estados. Finalmente y con carácter de urgencia, los 15 acordaron imponer sanciones económicas contra el régimen libio, el embargo de armas, la prohibición de viajar al extranjero del Coronel Gaddafi y su familia, la congelación de sus cuentas, y solicitaron la intervención de la CPI para que investigue los abusos cometidos por su gobierno, calificados ya de “crímenes contra la humanidad”.
En la Resolución 1970, el Consejo de Seguridad exige además a las autoridades libias la plena cooperación en las investigaciones que la CPI lleve a cabo sobre los hechos ocurridos desde el pasado 15 de Febrero, cuando comenzaron las protestas contra el régimen. Igualmente, el texto invita al Fiscal Jefe, Luis Moreno-Ocampo, a dirigirse al Consejo en los próximos dos meses posteriores a la adopción de la resolución y después cada seis meses para informar de las acciones adoptadas por su oficina al respecto de la situación en Libia. La remisión del caso a la Fiscalía de la CPI no implica por tanto la apertura inmediata de investigaciones, sino que será ahora cuando Moreno-Ocampo tenga que analizar la gravedad de la información recibida y decidir si existe una base razonable para proceder a la apertura de investigaciones.
La remisión del caso a la Fiscalía de la CPI no implica por tanto la apertura inmediata de investigaciones, sino que será ahora cuando Moreno-Ocampo tenga que analizar la gravedad de la información recibida y decidir si existe una base razonable para proceder a la apertura de investigaciones Y PEDIR LA ORDEN DE ARRESTO DE LOS MÁXIMOS RESPONSABLES.
“Las informaciones sugieren que las fuerzas leales al Presidente Mummar el Gaddafi están atacando civiles en Libia, lo que podría constituir crímenes contra la humanidad,” ha dicho hoy el Fiscal Jefe de la CPI. “La Oficina actuará de forma rápida e imparcial. No habrá impunidad para los responsables de estos crímenes.”
Según ha informado la Fiscalía, la oficina mantiene relaciones con la Liga Árabe, la Unión Africana, la ONU y otros estados con el fin de recabar información relevante de los hechos. Tal como ha expresado Moreno-Ocampo en su comunicado , la Fiscalía esta igualmente en contacto con las autoridades libias para conocer la identidad de las autoridades al mando supuestamente responsables de los crímenes.
El pasado viernes, en el borrador de las sanciones planteadas al Consejo de Seguridad, Francia y Gran Bretaña, incluían la intervención del tribunal de La Haya. “Estamos ante una situación muy grave, por lo que es imperativo que la CPI también actúe,” dijo entonces la Ministra de Asuntos Exteriores francesa, Michele Alliot-Marie. El pronunciamiento del Consejo de Seguridad al respecto era vital para hacer factible la intervención del tribunal, con competencia para juzgar genocidios, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Así lo expresó Moreno-Ocampo en los días previos a las discusiones en Nueva York, y cuando la opinión pública demandaba su actuación. ”Libia no es un estado parte del Estatuto de Roma, por lo tanto, una intervención de la CPI sobre los posibles crímenes cometidos en este país sólo tendrá lugar si las autoridades libias aceptan la jurisdicción de la Corte (art.12(3) del Estatuto de Roma). En caso de que esto no ocurra, el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas puede referir la situación a la Corte. La Fiscalía solo actuará en caso de que alguna de estas dos decisiones sean adoptadas.”
Lo que ha ocurrido en la madrugada del domingo es que el Consejo de Seguridad, actuando con arreglo a lo dispuesto en el Capítulo VII de la Carta de Naciones Unidas (que contempla las acciones en caso de amenaza a la paz y seguridad internacional) ha remitido al Fiscal de la CPI una situación en la que supuestamente se han cometido crímenes bajo su jurisdicción. Este paso es necesario cuando el Estado en cuestión no es firmante del Estatuto de Roma, el texto fundacional de la CPI, o éste no ha depositado una declaración consintiendo que la Corte ejerza su competencia respecto del crimen que se trate (de acuerdo al art. 12(3)). La remisión por el Consejo es uno de los tres mecanismos por los que una situación puede presentarse ante la CPI, la cual opera con independencia de las Naciones Unidas. Las otras dos alternativas es que el estado firmante solicite la intervención del tribunal o que el Fiscal inicie sus investigaciones motu proprio tras lograr la aprobación de los jueces. En la historia de la CPI tan solo el caso de Darfur, en 2005, ha sido referido al Fiscal por el Consejo de Seguridad, entonces aprobado sin la unanimidad de la que ha gozado la situación libia. En un acuerdo histórico la ONU refiere, por primera vez por unanimidad, un caso de crímenes contra la humanidad a la Corte Penal Internacional- Crímenes contra la humanidad.
La Resolución 1970 adoptada por Consejo de Seguridad afirma que “los ataques generalizados y sistemáticos contra la población civil que actualmente están teniendo lugar en Libia” podrían ser “crímenes contra la humanidad”, y por tanto de crímenes de competencia de la Corte Penal Internacional. La descripción que el texto aprobado avanza sobre lo ocurrido en Libia, se ajusta a la definición que ofrece el Estatuto de Roma en su artículo 7 y que incluye el asesinato de civiles y la persecución de un grupo con identidad propia fundada en motivos políticos, como es el caso abordado. Según el Estatuto de la CPI, por “ataque contra una población civil” se entenderá “una línea de conducta que implique la comisión múltiple de estos actos [como es el asesinato de civiles] de conformidad con la política de un Estado o una organización de cometer ese ataque o para promover esa política.”
Pese a la imposibilidad de ofrecer cifras exactas sobre las víctimas de la brutal actuación del gobierno de Gaddafi, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos no duda en calificar lo acontecido en Libia como “un claro atentado contra el derecho internacional”. “Tanques, helicópteros y material militar están siendo empleados para atacar de forma indiscriminada a los manifestantes. (…) Los informes de hospitales indican que los heridos presentan heridas de bala en la cabeza, en el pecho y el cuello, lo que sugiere que se están produciendo ejecuciones sumarias y arbitrarias,” dijo el viernes en nota de prensa Navy Pillay, representante de este organismo, quien hizo además alusión al uso de mercenarios para frenar las revueltas. “De acuerdo con nuestra fuentes, miles de personas pueden haber sido asesinadas,” aseguró.
- Del tibio comunicado de prensa a la contundente resolución.Se ha necesitado diez días de largas discusiones y juegos diplomáticos para que el Consejo de Seguridad de la ONU pasase de un más que cauto comunicado de prensa aludiendo a la responsabilidad del régimen libio de proteger a su población civil a una contundente resolución de condena que incluye la investigación de los crímenes en La Haya.
La intervención de la CPI, propuesta por Francia y Gran Bretaña, respaldada por Estados Unidos (los tres son miembros permanente del Consejo con derecho a veto) y Alemania (miembro no permanente) encontró en las negociaciones iniciales del sábado cierta oposición por parte de China, miembro permanente y con capacidad de vetar la resolución. Finalmente, la adopción del texto llegó después de que las principales potencias endurecieran sus posturas, como el caso de la Administración Obama, quien aseguró el sábado en conversación telefónica a la Canciller alemana, Angela Merkel, que el líder libio debía dejar el poder “ahora”, tras haber perdido toda su legitimidad para gobernar. El día anterior a esta conversación, EEUU había impuesto sanciones unilaterales a Libia, ordenando la congelación de todos los activos pertenecientes a Gaddafi y su gabinete.
Por su parte, la propia delegación libia ante Naciones Unidas, cuyos integrantes habían dimitido de sus cargos el pasado lunes mostrando su rechazo a la actuación del régimen, defendieron con una carta a la Presidenta del Consejo, la brasileña Maria Luiza Ribeiro Viotti, la necesidad de referir el caso a la CPI. De acuerdo con un diplomático norteamericano presente en las negociaciones, el comunicado libio, sirvió para convencer a los miembros reacios a la intervención de La Haya.
No hay comentarios:
Publicar un comentario